Los planes de ajuste impuestos por Cristóbal Montoro, los recortes presupuestarios, la reducción de servicios y la subida de tasas han permitido a los municipios de la provincia aliviar su carga con los bancos, una deuda financiera imparable que había superado el listón de los 1.200 millones -la friolera de 200.000 millones de las antiguas pesetas- al cierre de 2012. Según los datos que el Ministerio de Hacienda hizo públicos ayer, los consistorios locales alicantinos redujeron su lastre bancario en 104 millones durante el último ejercicio, una cifra récord de ajuste después de años de «vacas gordas», expansión y, sobre todo, de poca contención durante los primeros cinco años de la crisis económica.
Durante 2012, el boquete de los municipios se hizo cada cada vez más y más grande hasta alcanzar un tope de 1.211 millones -fue la provincia que tiró de la deuda local autonómica con un incremento del 30%- merced a la espectacular caída de los ingresos de todos los municipios pero, sobre todo, a la decisión que tomó el Gobierno de «sacar de los cajones» el enorme volumen de facturas impagadas a proveedores.
Los datos que puso sobre la mesa el Ministerio de Hacienda, por tanto y aunque el «agujero» continúa siendo de proporciones astronómicas, apuntan hacia un cambio de tendencia que, sin embargo, tiene como origen los hachazos presupuestarios y los recortes de servicios para la ciudadanía. Conforme a los cálculos del departamento que dirige Cristóbal Montoro, los municipios de la Comunidad redujeron su deuda en el último año en 159,4 millones: de 3.672,5 millones a 3.513,1. Una rebaja de alrededor del 5%.
Sigue siendo, en todo caso, una mochila muy importante que ahoga a los municipios. Equivale a un 20% de volumen de gasto de la Generalitat para todo un año; multiplica por 18 el presupuesto de la Diputación de Alicante, que continúa teniendo una excelente salud económica con una deuda viva que supera ligeramente los 83 millones; y, por ejemplo, sólo las consellerias de Sanidad y Educación -los dos grandes focos de gasto que competen a la Generalitat Valenciana- tienen más dotación económica anual que esa cantidad.
De esta cuantía global, una deuda de 1.107,8 millones corresponde a los municipios alicantinos con un descenso cercano al 8,5%, el más importante de los registrados en las tres provincias autonómicas; un total de 331,7 acumulan los gobiernos locales de Castellón, con una rebaja de sus «números rojos» de unos 20 millones; y, finalmente, los consistorios de Valencia suman un lastre de 2.074,2 millones, lo que supone una reducción de su endeudamiento que no llega ni siquiera a los 35 millones.
En la clasificación por autonomías del conjunto del Estado, los municipios de la Comunidad no se mueven en la tabla: continúan siendo los cuartos más endeudados, por detrás de los de Madrid, que son los que acumulan un mayor lastre con una cifra que se ha incrementado hasta los 9.593 millones; de Andalucía con cerca de 7.350 millones de «agujero», unos 550 millones más; y los de Cataluña con 5.500, que más o menos se mantiene. Los balances de Hacienda certifican que los consistorios de la Comunidad son los que han afrontado un mayor ajuste en todo el Estado. Con estos datos de Hacienda, la deuda viva de las consistorios de toda España, a fecha de 31 de diciembre de 2013, superó ligeramente los 35.320 millones, una cifra que sigue atenazando por completo las finanzas locales.
A la vez que se reduce la deuda, sin embargo, los datos de Montoro evidencian que los municipios alicantinos tienen una mayor presión de los bancos para pagar. La crisis económica ha golpeado, especialmente, a los consistorios de la provincia que vivían, en gran medida, de los ingresos generados por la burbuja inmobiliaria y el exceso del ladrillo. Eso generó expansión pero también deuda. Ese recurso a la tesorería financiera es el que ahora están saldando y que condiciona su margen económico para el futuro. Tienen que pagar más a los bancos con recortes, menos servicios y más presión fiscal. Cumplir para «tapar» agujeros pero, a la vez, repartiendo sufrimiento entre los ciudadanos.
Analizando los datos de los principales municipios de la provincia de Alicante, la caída de la deuda es prácticamente generalizada: 122 de los 141 municipios alicantinos amortizan lastre con las entidades bancarias y, por tanto, reducen su endeudamiento financiero. Las localidades de Benidorm -bajo mando socialista y aunque en mucha menor medida-, Elda -controlada por el PP- y Orihuela -con un primer edil ecologista- han reducido su deuda después de que en 2012 lideraran la clasificación de los consistorios que más la incrementaron. Alicante y Elche, núcleos urbanos con mayor volumen de población de la provincia, también rebajaron su «agujero» aunque, en el caso de la capital, los datos son discutibles por acontecimientos posteriores al cierre de los datos.
El «agujero» financiero de la ciudad de Alicante, con alcalde del PP desde 1995, se restó, según Hacienda, en 25 millones hasta quedarse en 151. A eso habrá que añadir ahora los 27 millones del préstamo incluído en el rescate. Por contra, Elche, en el segundo año completo de gobierno de la popular Mercedes Alonso, continuó en el mismo camino que ya inició en 2012 y redujo su endeudamiento financiero casi en un 10%.
El resto de cabeceras de comarca también rebajaron, en líneas generales, su endeudamiento. Como norma, los apenas 19 municipios que incrementaron sus «números rojos» son de volumen medio o pequeño. Llama la atención, sin embargo, un caso: Novelda, gobernado por la imputada Milagrosa Martínez. Registró, junto con Altea, los peores datos de toda la provincia.
