Desnudo contable de las Corts

En plena oleada de transparencia y regeneración democrática en lucha abierta contra la desafección ciudadana a la política, las Corts parecen dispuesta a abrir las ventanas. Y también los libros contables, hasta cierto punto. La cámara autonómica va a crear la figura del interventor, encargado de ejercer el control interno de la institución, mientras que la Sindicatura de Comptes se encargará del control externo y elaborará un informe anual sobre las cuentas del Parlamento valenciano.

Será la primera vez en la historia que las Corts vean sus cuentas sometidas a control, unas cuentas que en ocasiones han recibido críticas por su opacidad. En estos momentos, la cámara tiene la figura del encargado de los servicios económicos, que es el que elabora los presupuestos. La intención ahora es sacar a concurso la plaza de Interventor, que será obviamente ocupada por una persona distinta de la que lleva los servicios económicos.

Por otro lado, la Sindicatura de Comptes va a comenzar a realizar a las Corts una auditoría cada año, como si se tratase de una conselleria más.

Sin embargo, la jugosa subvención que otorga la cámara a los grupos parlamentarios para su funcionamiento, de cerca de 3,7 millones de euros, seguirá sin someterse a un control riguroso y quedará fuera de estos nuevos mecanismos de transparencia. Los partidos aducen que esas partidas ya son estudiadas por el Tribunal de Cuentas por lo que, señalan, se trataría de una doble fiscalización. Así las cosas, el único procedimiento de vigilancia sobre los partidos en dicha ayudas será el aprobado en mayo de 2013: un documento único en el que cada grupo especifica en distintos apartados el destino del dinero percibido, con un balance de situación, una cuenta de resultados y de una memoria abreviada, siguiendo el modelo recogido en el plan general de contabilidad.

Esta subvención que la cámara da a los partidos con representación ha estado rodeado de polémica los últimos años. Dentro de la investigación del caso Gürtel, por ejemplo, trascendió que el grupo del PP abonó a Orange Market una factura por valor de 142.680 euros con el genérico concepto de «servicios prestados al Grupo Parlamentario en el segundo semestre de 2008».

Igualmente, el mismo PP ha venido utilizando esa subvención para engordar con sobresueldos la nómina de los parlamentarios de forma opaca. Durante 2012, el entonces síndic Rafael Blasco percibió 25.000 euros al margen de su retribución oficial.

De un modo u otro, este asunto pasará el martes por la comisión de Gobierno Interior de las Corts, donde se aprobarán además otras dos normas referidas al control presupuestario y del gasto, con el fin de establecer una nueva estructura del gasto y adecuarse a la nueva ley de Transparencia. El objetivo de estas normas es mejorar el control y la reducción del gasto real de la institución, así lograr una mayor eficacia y adaptarse a una normativa «clara y transparente».