Demasiados criterios subjetivos, un «claro sesgo» en sus valoraciones a favor de la mercantil Isjoma y una adjudicación «cuanto menos injusta». Estas son algunas de las conclusiones a las que llega el perito judicial solicitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para evaluar el informe técnico emitido por el exjefe de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Víctor López, en el que se basó para adjudicar el servicio de suministro de material e infraestructuras para eventos culturales municipales, la conocida como contrata de las sillas, a la mercantil Isjoma.
El informe pericial forma parte del recurso contencioso que se sigue en el TSJ contra la decisión del Ayuntamiento de adjudicar la contrata a Isjoma en el año 2009. Además de la tramitación del contencioso, otro juzgado de Alicante investiga la adjudicación por la vía penal, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por su presunto amaño, un procedimiento en el que está imputado Víctor López junto a otro extécnico municipal y el dueño de la adjudicataria.
El Ayuntamiento de Alicante adjudicó el servicio a la mercantil Isjoma en mayo de 2009 por seis millones de euros para ocho años, dejando fuera la oferta de la mercantil Alavés Montajes y Realizaciones, que era un millón de euros más económica.
Escenarios y personal
El perito que evalúa el informe técnico emitido por el exjefe de servicio de Atención Urbana concluye que Víctor López se basó en numerosos criterios subjetivos y que su evaluación fue «cuanto menos injusta». Explica el perito que López menospreció méritos de Alavés en los que era superior a Isjoma y que son de importancia para una contrata de este tipo (como las estructuras de los escenarios o los recursos humanos destinados al Ayuntamiento) y que sin embargo omitió aspectos relevantes como que Isjoma no justificaba la estabilidad mínima al fuego de ciertos materiales y estructuras.
Concluye el perito que López llegó a realizar valoraciones en las que «se nota un claro sesgo en favor de la propuesta de Isjoma y en detrimento de la de Alavés».
El informe pericial ha sido incluido en la causa penal que investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante por el presunto amaño de la contrata y en la que está imputado López. La importancia del informe, según fuentes judiciales, está en que es un perito judicial quien llega a estas conclusiones y no uno aportado por las partes. Su incorporación a la causa penal fue solicitada por el letrado del empresario José Alavés -el abogado José Ferrer- al entender que el informe apuntala la tesis del presunto amaño y de que la adjudicación estaba previamente pactada. Sin embargo, un informe policial que indagó el patrimonio de López no halló un incremento patrimonial sospechoso del funcionario.
Alavés recurrió ante el TSJ la sentencia emitida por un juzgado de Alicante que declaró correcta la adjudicación. En esa primera vista, López defendió su informe de valoración durante más de dos horas en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, donde se tramitó la demanda por la vía contencioso-administrativa que presentó Alavés para pedir la nulidad de la contrata. El exjefe técnico de Atención Urbana defendió los criterios en los que se basó para adjudicar el servicio a Isjoma pese a que la oferta de esta mercantil era un millón de euros más cara. Al no lograr la nulidad el denunciante recurrió al TSJ, donde se tramita el procedimiento por la vía contenciosa. Según el perito judicial solicitado por el tribunal autonómico, la contrata tendría que haber sido adjudicada a Alavés y no a Isjoma.
