Una arriesgada mezcla de intereses

Tras una década de investigación judicial, que incluyó la histórica imagen de la Diputación de Alicante tomada por la Policía en lo que lo que ha sido su primer y único registro hasta el momento, la última instructora de la causa (por la que han pasado casi un decena de jueces) acordó el procesamiento de trece personas en las que, a tenor de su relato, que ahora la Fiscalía Anticorrupción ha ampliado y hecho suyo, amistades e intereses políticos y empresariales se entremezclaron en un juego peligroso que ha llevado a sus protagonistas a la delicada situación en la que ahora se encuentran: con acusaciones serias y elevadas peticiones de pena que, de así estimarlo el tribunal que les juzgue, bien podrían llevarles a prisión. Los tres políticos acusados, dos del PP y uno del PSOE, ya están fuera de la vida pública y a los empresarios y sus colaboradores implicados junto a ellos el proceso también les ha pasado factura. Atrás quedan los tiempos de fluida y constante comunicación entre los principales acusados, de los que dan fe horas y horas de intervenciones telefónicas, puntal de las acusaciones y caballo de la batalla de las defensas, que intentarán conseguir en la fase de cuestiones previas antes de la vista oral lo que hasta ahora instructores y la Audiencia han venido denegando: la anulación de las escuchas.