El pleno de las Cortes Valencianes acordó ayer por unanimidad que se tramite la proposición de ley de Ciudadanos (Cs) para modificar el Estatuto de Autonomía con el objetivo de eliminar el aforamiento .
La proposición de ley prevé la modificación del artículo 23 del Estatuto, suprimiendo el punto que contempla que los diputados, durante su mandato, no podrán ser «detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunidad Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana».
La propuesta de Cs insta también a eliminar el artículo que especifica que la responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del presidente, se exigirá en los mismos términos que este Estatuto determina para los diputados.
El Consell emitió su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Estatuto de autonomía de la Comunidad en relación con la figura del aforamiento, al considerar que aunque «puede resultar interesante» que las instituciones aborden un debate como el aforamiento, independientemente del contenido de la propuesta «no es oportuno iniciar un procedimiento de reforma del Estatuto específicamente para la modificación puntual que plantea» la formación naranja. Su reforma, agrega, implicaría una mayoría calificada muy amplia en las Cortes y un procedimiento dilatado y complejo que incluye, entre otros trámites, la aprobación por las Cortes Generales y la ratificación mediante referéndum, por lo que «no considera adecuado abrir en estos momentos este procedimiento por una cuestión específica y puntual como es la eliminación del aforamiento».
El Consell recordó ayer que ya hay una comisión de estudio con su plan de trabajo y es esta el marco idóneo para plantear la conveniencia de modificar el artículo 23 del Estatuto de autonomía.
La portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, justificó la reforma ante la «crisis de confianza» de los ciudadanos en las instituciones y los políticos tras casos de corrupción en los que los implicados «han encontrado en el aforamiento su mejor aliado». Además, se preguntó por qué si las leyes son iguales para todos los jueces no pueden juzgar por la misma causa a un conseller o diputado: «¿Qué supuesto poder sobrenatural nos diferencia, es que no confiamos en los jueces?». Según Sánchez, no quieren que los cargos políticos y del gobierno tengan más protección que cualquier ciudadano.
El síndic socialista, Manolo Mata, mostró el apoyo de su grupo a la toma en consideración de esta iniciativa, aunque recordó que desde hace dos años y medio ningún miembro de las Cortes ha hecho uso del aforamiento. Considera que este debate «tiene cierta perversión» y dijo que están en contra del aforamiento ante casos de corrupción, «pero no es un privilegio ante casos relacionados con las opiniones políticas». «Eliminarlos por completo es demagógico y va en contra de la democracia y con ello se priman querellas fraudulentas», añadió Mata.
Desde Podemos, su portavoz adjunta, Fabiola Meco, criticó cómo se han utilizado los aforamientos en España, «el privilegio de una casta», para ralentizar los procesos, y afirmó que suponen una excepción al derecho de igualdad procesal.
Por su parte, el portavoz de Compromí, Fran Ferri, se mostró a favor de la tramitación y recordó que en las Cortes hubo diputados del PP que «dimitían cuando les convenía obligando a trasladar la causa a un tribunal ordinario».
