Como si no fuera con ellos. La cúpula del PP de la Comunidad Valenciana se situó ayer al margen de los hechos que se juzgan en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad y no entró a valorar las acusaciones que los principales cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes y Francisco Correa han vertido sobre el exvicesecretario general del partido, Ricardo Costa, que está fuera de la formación y que se sienta en el banquillo de los acusados, y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que sí continúa en el PP y al que ayer El Bigotes, jefe de la trama en la Comunidad y que consideraba a Camps como su «amiguito del alma», apuntó como uno de los que «mandaban» junto, entre otros, al exconseller Juan Cotino.

Álvaro Pérez aseguró ayer en el juicio por la financiación del PP de la Comunidad que después de trabajar con el entonces presidente de la Generalitat lo hizo con Víctor Campos, Adela Pedrosa y Ricardo Costa. En este sentido, la secretaria general del PP, Eva Ortiz, señaló que la dirección autonómica no se va a pronunciar sobre lo que está ocurriendo en Madrid en el seno del juicio y que el PP no entra a valorar tampoco la estrategia judicial de cada uno de los acusados. Preguntada por si el PP de la Comunidad tenía alguna valoración política sobre las acusaciones que apuntan a sus antiguos compañeros de partido, Eva Ortiz dijo que serán los jueces los que depuren responsabilidades y no el partido y también negó que la dirección autonómica esté mirando «a otro lado».

El presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, insistió en que el PP tomó responsabilidades políticas y recordó la «limpieza» de imputados de Isabel Bonig para apelar a un «nuevo PP». «Se están juzgando hechos de 2007 y 2008», incidió. «El PP de la Comunidad no tiene nada que ver con eso, que es pasado, y todos los imputados están hace tiempo fuera del partido», defendió. Preguntado por las declaraciones que apuntan a Camps como uno de los responsables de la financiación irregular del PP, Císcar indicó que habrá que esperar a las responsabilidades que determine el juez. Císcar llegó en 2007 a ser diputado en las Cortes Valencianas con el gobierno de Camps, quien posteriormente le hizo Conseller. En 2009 Císcar fue nombrado por Camps delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana en la provincia de Alicante, donde jugaría un papel crucial en la batalla entre campsistas y zaplanistas para restar peso político al entonces presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, referente del bando zaplanista en la provincia de Alicante.

Las declaraciones que se están vertiendo en el juicio tampoco parecen ir con el presidente de la Diputación, César Sánchez, exasesor de Francisco Camps en los años que se investigan y uno de los nombres que figuraban en la lista de cargos que habían recibido regalos de Orange Market en las navidades de 2006. «Todo mi respeto a la Justicia», fueron todas sus manifestaciones al respecto de Sánchez, que también es miembro de la dirección nacional del PP. La senadora Adela Pedrosa negó ayer contactos con El Bigotes ni durante su etapa de secretaria general del PP ni después. Añadió que ni se ha reunido, ni tratado, ni negociado «ni he cenado con este señor ni con nadie relacionado con sus empresas», explicó en un comunicado. Mientras tanto, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, daba ayer en València su apoyo a la actual dirección autonómica del PPCV y manifestó que «quien haya hecho algo mal en el pasado, afortunadamente en España la justicia funciona y pagará por ello». «Pero los populares tienen que mirar al futuro», añadió.