Podemos ha vuelto a aumentar su grado de presión sobre sus socios del Pacte del Botànic tras las sospechas sobre su financiación en la campaña electoral de 2007. Tras el ultimátum de 20 de días, que ya se ha cumplido, para que dieran explicaciones y con la exigencia de que se apartara a los asesores de Enric Morera y del presidente Puig, Lluismi Campos y José Manuel Orengo; la organización morada elevó ayer el listón. Puso también a José Ramón Tiller, alto cargo de Egevasa, en la lista de personas que deben dar un paso atrás de inmediato.
Y además se muestran insatisfechos con las explicaciones dadas hasta ahora por Bloc y PSPV, que no han encontrado facturas de la firma Crespo Gomar, en el centro de la polémica. Por ello, Podemos reclama que ambas formaciones realicen auditorías externas. También que el pleno de las Cortes apruebe antes de acabe el mes (en la sesión del próximo 23 de mayo) la constitución de la comisión de investigación de las cuentas electorales de PSPV y Bloc. Una comisión que será independiente de la que se creará también para estudiar la financiación del PP a través del caso Taula.
