La ley de gobiernos locales es la herramienta legislativa que el Consell prepara desde hace meses para meter mano a las competencias de las diputaciones provinciales tras el fracaso (por orden judicial) de los decretos de coordinación de funciones de principios de legislatura. Ximo Puig anunció la citada norma en julio pasado, días después de la detención del entonces presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y en plena batalla en los tribunales con la corporación alicantina, controlada por el PP. El proyecto ha avanzado, está en la actualidad en la fase de consulta académica, sometido a la revisión de la autoridad universitaria, pero fuentes del Consell y del grupo parlamentario socialista dan por hecho que no pasará por las Cortes durante esta legislatura: quedan dos meses de para la disolución de la cámara.
El objetivo, precisan las citadas fuentes, es alcanzar en las próximas semanas la redacción final del proyecto y elevar este al pleno del Consell, donde le quedaría un doble paso antes de su aprobación envío a las Cortes. Estos trámites se traducen en semanas y meses, así que el calendario realista que manejan en Presidencia de la Generalitat es que la norma pueda quedar aprobada por el ejecutivo durante este mandato y preparada así para su trámite parlamentario al empezar la próxima legislatura si PSPV y Compromís repiten al frente del Consell. Los obstáculos judiciales encontrados por los decretos de coordinación (fueron estimados los recursos de las diputaciones de Castellón y Alicante, en manos del PP) han llevado a la dirección general de Administración Local a acometer con pies de plomo el nuevo proyecto. La pretensión, aseguran fuentes del gobierno, es poner orden legal en un reparto de competencias que procede del periodo de la preautonomía y que implica que las diputaciones dispongan en teoría de todas las funciones. Esa facultad choca con la realidad administrativa actual, ya que las autonomías tienen transferidos los grandes servicios básicos públicos.
En la práctica, sin normas de por medio, el Consell ha intentado avanzar en su ideario con la Diputación de València, en manos también de un gobierno progresista, a diferencia de las de Alicante y Castelló, que se han revuelto contra cualquier iniciativa en la que observaran un posible ataque: ha sucedido con la ley de mancomunidades. Ximo Puig y Toni Gaspar acordaron en octubre pasado la creación de dos comisiones para la coordinación de competencias entre la Generalitat y la Diputación de València. Se sabe quiénes las compondrán, pero hasta la fecha no han celebrado ninguna reunión, según ha podido saber este diario. Con la Diputación de Alicante, sin embargo, la incomunicación es total.
La oposición a las diputaciones es una reivindicación clásica de la izquierda. En el Pacte del Botànic figura el objetivo de «impulsar la integración y coordinación de las funciones de las diputaciones en la Generalitat». Podemos incluyó el vaciado de las corporaciones provinciales en sus objetivos prioritarios para el final de legislatura. Registró en octubre de 2018 una propuesta de ley que recogía la filosofía sobre las diputaciones incluida en el proyecto de ley del Consell de gobiernos locales. Y fue después una de las quince incluidas en el documento de relanzamiento del Botànic firmado a finales de ese mes de octubre y que suponía el visto bueno de los morados a los últimos presupuestos de Ximo Puig y Mónica Oltra. El líder valenciano de Podemos, Antonio Estañ, tiene intención de exigir, pese a todos, que esta propuesta se lleve al pleno de las Cortes. Los socios socialistas no son tan optimistas, no obstante. Fuentes de la dirección morada se quejan de que el ejecutivo dice estar trabajando en la integración de las diputaciones «pero ha agotado la legislatura sin hacerlo».
