Un circuito hecho con prisas y errores con un puente en «forma de gaviota»

La ocurrencia del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, de celebrar cinco grandes premios de Fórmula 1 en un circuito urbano en València costó 308 millones de euros a todos los valencianos. Sólo construir el trazado supuso una inversión de 98,1 millones (incluidos gastos financieros). Este pronto presidencial para equiparar a València con Mónaco, además de caro también provocó que se forzaran los trámites administrativos para construir un circuito plagado de «errores en la planificación» por las prisas, según revela la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción 17 y la Fiscalía Anticorrupción.

La magistrada liga además estas irregularidades con la presunta financiación ilegal del PP, como informó ayer INFORMACIÓN. Los errores y prisas los reveló al declarar como testigo un funcionario de la Conselleria de Infraestructuras, nombrado director de obra del circuito el 1 de octubre de 2007. «Íbamos contrarreloj. Los proyectos se redactaron en muy poco tiempo y tenían errores que detectamos nada más empezar la obra (hubo que desviar líneas de alta tensión y descontaminar suelos en el Grao). Fue una mezcla parte de imprevisión y parte de no haber pisado el terreno. La obra avanzó con dificultades y se generó un incremento de obra», declaró en la causa el testigo.

Una prueba «evidente» para la jueza de Instrucción 17 del «actuar precipitado y contrarreloj» con la que se planificó y ejecutó el circuito fue la autorización de un modificado de obra de un contrato firmado el 14 de julio de 2007 por el director del Gestor de Transportes y Puertos (GTP), Antonio Carbonell, y ampliado por el conseller Mario Flores en 1,3 millones más «el domingo 15 de julio de 2007».

La jueza asegura en el auto en el que procesa a Camps, la cúpula de la Conselleria de Infraestructuras y nueve empresarios que «el precipitado actuar al margen de la legalidad y para alcanzar el fin pretendido, la celebración en el verano de 2008 del Primer Gran Premio de F1, llevó al dispendio de fondos públicos y al gasto de más erario público al no haberse realizado un detallado y pormenorizado planeamiento».

El sumario también revela que el exsecretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez Barcáiztegui, admite que asumió el encargo personal de Camps de prediseñar el circuito aunque trasladó el trabajo a un funcionario del Ayuntamiento de València e ingeniero de obras públicas, que ha declarado como testigo. Éste último desvela que asistió a una reunión, «como convidado de piedra» por haber realizado un esbozo previo del circuito, en la que estaban presentes responsables del GTP y directivos de Typsa y Ayesa en la que éstos presentaron un diseño del circuito con «un puente que tenía forma de gaviota, aunque para evitar críticas [por la similitud con el símbolo del PP] se cambió el diseño inicial del puente». Se trata del puente giratorio, icono del circuito, cuyo traslado costó 11,3 millones y en el que ya se habían invertido otros 20 millones cuando se inauguró en 2002.

«Hay que revisar las fechas; no sé cuándo hemos empezado a trabajar»

Las consultoras de obra pública, Typsa y Ayesa, adjudicatarias de los contratos para el diseño y dirección de obra del circuito urbano de València, comenzaron a planificar el trazado mucho antes de que el Gestor de Transportes y Puertos (GTP) les adjudicara los concursos.

Los trabajadores de ambas mercantiles eran conscientes de la ilegalidad que cometían. Según revela un correo de una empleada de Typsa a Roberto Martí Martí, jefe de proyectos de la mercantil e investigado en la causa, la trabajadora advertía el 29 de mayo de 2007: «lo que deberías revisar son las fechas, porque no sé a partir de cuando se supone que hemos empezado a trabajar en el tema» del circuito. Una advertencia a lo que Martí responde: «Es una buena observación. Seguramente deberemos eliminar el rastro de las fechas tanto de este cuadro como del resto del contenido de los proyectos. A ver si mañana lo decidimos en la reunión del diseño». La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 17 considera en el auto hecho público el viernes que tanto Typsa como Ayesa disfrutaron de una situación de «claro privilegio» ya que se reunieron con Victoriano Sánchez Barcáiztegui en diciembrede 2006 y febrero de 2007, pero el primer contrato se les adjudicó en marzo de 2007.