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Pacto ante el primer pulso del Consell en Madrid por la nueva financiación

La comisión mixta entre el Ejecutivo y las Cortes define el plan que hoy seguirá el conseller Soler en el Consejo de Política Fiscal

Asistentes a la reunión de la comisión mixta Consell-Cortes celebrada ayer en la sede de la Conselleria de Hacienda.

Asistentes a la reunión de la comisión mixta Consell-Cortes celebrada ayer en la sede de la Conselleria de Hacienda.

Consenso, fuerza y reivindicación fueron las palabras más escuchadas ayer al finalizar la comisión mixta Consell-Cortes convocada para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno central celebra este viernes en Madrid, al que están citadas todas las comunidades autónomas. A esa reunión, esperada desde hace más de un año y medio, la Generalitat Valenciana acudirá con varias propuestas sobre asuntos que, a pesar de no estar incluidos en el orden del día preparado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los responsables políticos valencianos sí quieren que se aborden con urgencia, como es la reforma del sistema del financiación.

La posición común de la Comunidad, acordada ayer por unanimidad por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y los seis grupos de las Cortes, tanto los del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) como los de la oposición (PP, Cs y Vox) implica que el Gobierno aplique medidas transitorias a la infrafinanciación autonómica como un déficit asimétrico para la Comunidad, junto a otras reivindicaciones como el pago del IVA -el Botànic, sin embargo, descarta acudir a los tribunales- o las inversiones acordes a la población en los Presupuestos Generales del Estado de 2020. En opinión de Vicent Soler, «el objetivo es que los valencianos no sigan estando maltratados y la Comunidad Valenciana pueda atender tres de los cuatro pilares básicos del estado del bienestar: la sanidad, la educación y la asistencia social, y para ello necesita los recursos suficientes».

El conseller Soler se mostró muy satisfecho de conseguir «una reivindicación global de todas las necesidades de los valencianos», surgida del «consenso con los grupos parlamentarios y por tanto me da una fuerza enorme para mañana reivindicarlo en el CPFF, porque no hablaré solo en nombre del Govern, sino en nombre de todo el arco parlamentario valenciano». Vicent Soler estuvo acompañado ayer los principales altos cargos de su conselleria, como los secretarios autonómicos de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, y de Hacienda, Francesc Gamero, y la directora general de Presupuestos, Eva Martínez. Por parte de los grupos políticos asistieron a la reunión José Muñoz (PSPV), Aitana Mas (Compromís), Ferran Martínez (UP), Rubén Ibáñez (PP), Ana María Cerdán (Vox) y, finalmente, Antonio Woodward (Ciudadanos).

Otro de los asuntos que, como se sabe de antemano, no está en el orden del día del CPFF y se hablará a seguro es la devolución de la liquidación del IVA retenido en 2017 por el exministro del PP, Cristóbal Montoro, y no pagado aún por el Gobierno. Vicent Soler no se pronunció sobre si el Consell acudirá a los tribunales para reclamar este impago de 281 millones de euros, paso que sí piensan tomar otras comunidades, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE. «En función de como reaccione el Gobierno de España actuaremos en consecuencia, hasta las últimas consecuencias. No podemos admitir que se discrimine a cinco millones de ciudadanos respecto al resto de españoles», subrayó el conseller.

Tras esta comisión mixta, Soler se reunió con el presidente de la patronal de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, con el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez y con el secretario general de CCOO-PV, Arturo León, de los que recibió el «apoyo unánime» para reivindicar en el CPFF el cambio urgente del sistema de financiación autonómica.

La Generalitat cerró el año con 1.108 millones más de gasto respecto a 2018 y un nivel de ejecución del 94%

Sanidad, Economía, Educación e Igualdad gestionaron más presupuesto y Vivienda dejó el 46,2% sin gastar

El gasto del Consell en políticas y proyectos (incluido el coste del personal para desarrollarlos) creció un 7,3 % en 2019: de 15.276 millones el año anterior a 16.384. El balance provisional del ejercicio que Intervención ha entregado a las Cortes Valencianas refleja este impulso del gasto (1.108 millones de incremento) en un ejercicio electoral, para el que el Gobierno del Botànic elaboró unas cuentas «expansivas». Confiaba en el apoyo del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, pero el Presupuesto del Estado de 2019 no pasó la prueba del Congreso de los Diputados. Este factor es uno de los que explica el resultado negativo del presupuesto valenciano, de acuerdo con la documentación entregada a las Cortes. Sumados todos los capítulos de ingresos y gastos a excepción de los pasivos financieros (la deuda), el saldo es negativo en 2.599 millones. Es un aumento de más de 400 millones con respecto a los 2.187 millones de números rojos de la liquidación del ejercicio de 2018.

La cifra del último año, no obstante, hay que tomarla con algunas prevenciones, ya que incluye la ejecución de los doce meses de todas las consellerias, pero falta el de diciembre en algún organismo autónomo. En todo caso, la variación sobre el actual dato provisional no será sustancial. El desfase bruto entre ingresos y gastos no es el déficit oficial, que se suele difundir en abril y para el que se realizan algunas correcciones en función de los criterios de contabilidad nacional. Así, el resultado presupuestario de todo 2018 fue de -2.187 millones de euros, mientras que el déficit formal fue de 1.574 millones en negativo.

De entrada, las cuentas de la Generalitat incluyen cada año 1.350 millones (tan ficticios como reivindicativos) de ingresos inexistentes del Estado para evidenciar la infrafinanciación valenciana. Si se une a ello la previsión de fondos del FOGA histórico por la atención a desplazados sanitarios (330 millones), el polémico mes birlado del IVA de diciembre de 2017 (se presupuestó en 250 millones), el copago farmacéutico (55 millones) y el compromiso de mayor dotación para la atención de la dependencia el desfase se entiende mejor. Al menos desde la visión del Consell. El propio Soler habló al presentar las cuentas de 2019 de un necesario «milagro» en los ingresos para cuadrar el balance final. Entonces cifró en más de 2.200 millones los fondos pendientes del Gobierno de Sánchez.

En este último año, los departamentos de Sanidad (97,79 %) y Economía (95,5 %), junto a Educación e Igualdad (90,17 %) son los que han logrado mayores tasas de ejecución de sus créditos. Por contra, Vivienda y Obras Públicas (la denominación que tenía en 2019 pero que ahora ha sido desgajado en dos) solo emitió obligaciones reconocidas de pago al final de 2019 por el 53,74 % del crédito del que disponía. Agricultura y Medio Ambiente ejecutó el 76,72 % de su presupuesto. Por su parte, la oposición de derechas se ha hartado de cuestionar el aumento de los gastos, que atribuye al crecimiento del organigrama de cargos y asesores del Botànic II.

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