La Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (Cvongd) han recurrido ante el Tribunal Supremo la segunda condena del caso Blasco para que se eleven las penas y se pueda recuperar el dinero desviado de las ayudas a la cooperación.

La Generalitat incluso insiste en reclamar tres millones por «daños morales» que ya reclamó en su escrito de acusación y durante el juicio, pero que la sección quinta de la Audiencia de València no tuvo en cuenta.

Ambas acusaciones piden al alto tribunal que revise la decisión de la Audiencia de València de absolver al exconseller Rafael Blasco y su extensa red de colaboradores de l delito de asociación ilícita o banda criminal. Tanto la Generalitat como la Cvongd consideran que Blasco y su empresario de cabecera, Augusto César Tauroni, eran los directores de orquesta de una «organización criminal» para repartirse de forma ilícita fondos públicos debería haberse destinado a crear escuelas, luchar contra el sida en África o construir un hospital en Haití, pero que acabó, en parte, en cuentas bancarias de Miami, en sobres entregados en las Cortes, en pisos y un yate adquiridos por la trama. La Cvongd también solicita que Marc Llinares, exjefe de Cooperación en la Conselleria, y Luis Fernando Castel Aznar, evaluador de la idoneidad de los proyectos de cooperación a través de dos empresas, también sean condenados por estos delitos.

El recurso de la Cvongd, defendida por el letrado Raul Vidal, también considera que «se han aplicado indebidamente los atenuantes de confesión tardía, reparación del daño y dilaciones indebidas» y por las que Blasco fue condenado a un año de cárcel o Tauroni a otros dos años, entre otros. «No concurren las causas para su aplicación: la mayoría de los condenados se negó a declarar en el acto del juicio, han devuelto una ínfima parte del dinero robado, y las dilaciones se deben a los recursos» de los acusados.

«Ha sido una de las tramas más inmorales a las que nos hemos enfrentado en los últimos años, porque se aprovecharon del sufrimiento de miles de personas que necesitaban ayuda humanitaria, para enriquecerse personalmente. Por eso, seguimos luchando después de 10 años, para defender la dignidad de la cooperación y para lograr la devolución de los fondos defraudados», explica la presidenta de la Cvongd, Lourdes Mirón.

Por último, la Generalitat también insiste en el caballo de batalla del segundo juicio del caso Blasco. ¿Cuánto dinero se ha desviado? Las cifras han variado desde los 8 hasta los 5 millones. La Generalitat pide al Supremo que cuantifique la responsabilidad civil (que la sección de la Audiencia de València derivó al Tribunal de Cuentas) y que la Abogacía cifra en 4.629.321,97 euros.