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La campaña de Madrid se cuela en las Cortes: entre las cañas de Ayuso y la gestión sanitaria del Consell

La oposición recrimina al Botànic el «recorte de libertades» por las restricciones de la pandemia mientras Puig saca músculo por la baja incidencia de covid y pone en valor los planes de ayudas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ayer, en la sesión de control en las Cortes. | INFORMACIÓN

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ayer, en la sesión de control en las Cortes. | INFORMACIÓN

La estrategia hilvanada en territorio madrileño de atacar al contrincante político poniendo el foco en la gestión de la pandemia a nivel autonómico o nacional, según convenga a cada partido y en cada momento, lleva tiempo salpicando a instituciones que, en principio, nada tienen que ver con la campaña electoral del 4-M. Los comicios a la Asamblea de Madrid han adquirido una especie de dimensión nacional que ha avivado la confrontación a derecha e izquierda en el plano estatal y sus derivadas, de hecho, se colaron ayer en la sesión del control al jefe del Consell, Ximo Puig, con un debate salpicado de referencias a la comunidad gobernada por Díaz Ayuso.

Isabel Bonig, como líder del principal partido de la oposición, fue la primera en abrir fuego contra el presidente de la Generalitat. Lo hizo al hilo de una pregunta, cuanto menos, singular: «Señor Puig, ¿cuándo le vamos a montar el pollo al señor Sánchez?». La síndica del grupo popular centró su intervención en recriminar al jefe del Ejecutivo valenciano que no haya conseguido arrancar a Pedro Sánchez un compromiso firme para resolver la infrafinanciación de la Comunidad. Le reprochó también que no se haya cumplido el ritmo de vacunación prometido. Según afirmó, se está por detrás de la media nacional: «A 20 de abril, el 7,8% (de valencianos) estaba vacunado e inmunizado con las dos dosis mientras que en España está en el 9% de media», aseguró. Y ahora, continuó, se pretende recortar el trasvase Tajo-Segura por el «antivalencianismo» del Gobierno de España; un debate, el del agua, que intensificaron después Pepe Císcar (PP) y la consellera Mireia Mollà. El primero reclamando que se exija al Ministerio del ramo mantener los aportes hídricos, y la responsable de Agricultura asegurando que se está en negociaciones para alcanzar una solución satisfactoria.

En su respuesta a Isabel Bonig, el socialista defendió su gestión de la crisis pandémica y manifestó que el Gobierno estatal, consciente de la falta de financiación valenciana, ha incrementado un 20% los recursos económicos que transfiere, poniendo, además, en valor el plan de vacunación trazado por Sanidad, que ya ha permitido inocular al 20% de valencianos, al menos con una dosis.

«Comunidad de referencia»

«El día que quieran hacemos una comparación de los datos de la Comunidad Valenciana, en todos los ámbitos, y su comunidad de referencia». Ese fue el primer dardo lanzado por Puig al PP en alusión a Madrid. «Verán que sanitariamente aquí se ha funcionado mejor y se han salvado muchas más vidas y, económicamente, también ha ido mejor que a aquellos que dicen vivir en el país de la libertad», prosiguió. Y fue precisamente ese, libertad, uno de los términos que más se escucharon ayer en el hemiciclo; tal como ocurre en los mítines de las formaciones de derecha que concurren a los comicios madrileños.

«No tenemos ninguna duda de que el 4 de mayo la libertad prevalecerá», articuló la portavoz de Vox, Ana Vega, segundos después de subir a la tribuna. En esta sesión, el grupo de ultraderecha preguntó al presidente qué opinión le merece que los ciudadanos «no puedan ejercer sus derechos» por las restricciones impuestas para atajar la pandemia. Fue una pregunta que el jefe del Consell capeó desde la posición privilegiada que le brinda presidir la comunidad que, en este momento, presenta la incidencia más baja de contagios de coronavirus. Un éxito que Puig atribuyó a la concienciación ciudadana y, tanto o más, a la imposición de severas medidas que, por otro lado, han generado un bloqueo económico que según el presidente, se está sobrellevando con mayor facilidad a través de las ayudas articuladas por la Generalitat y por el Gobierno. Las últimas, anunciadas ayer mismo en la propia Cámara: el Plan Resistir Plus, dotado con 647 millones. Para Vox, en cambio, todas las medidas son «prohibiciones» que han anulado libertades individuales y, al fin y al cabo, hundido la economía.

También en su réplica a los de Abascal, el presidente sacó a la palestra a Madrid. «Lo que quiero es que ustedes jamás estén en ningún gobierno», inquirió Puig a la síndica de ultraderecha, para añadir que «la libertad es mucho más que ir de cañas». Y es justamente salir de bares a tomar cervezas de lo que Ayuso alardea. Se puede hacer en su tierra hasta las 23 horas porque los bares, allí, tienen una de las normativas más laxas en cuanto a limitación de horarios, al contrario que en la Comunidad. Pero el presidente, convencido de que la mejor forma de atajar la cadena de transmisiones de coronavirus es limitar los espacios de sociabilidad, prosiguió su discurso desde la tribuna diciendo: «¿Saben la cantidad de familias que en estos momentos no tienen que llorar a sus muertos gracias a estas restricciones?», recalcando que en cualquier índice la comunidad madrileña saldría peor parada que la valenciana, si bien no la citó de forma expresa.

También desde las filas de Cs, su nueva síndica, Ruth Merino, recriminó al Botànic que siga «recortando libertades» con su política de restricciones, y reclamó mayores medidas de control porque, a su juicio, «el modus operando de la izquierda es el cierre antes que la prevención eficiente».

Barceló al PP: «No haga de comercial contra la reversión en Torrevieja»

Rifirrafe a cuenta de la reversión programada en el Departamento de Salud de Torrevieja. José Juan Zaplana (PP) criticó ayer que, a falta de cinco meses para que se vuelva a la gestión directa, los trabajadores se han posicionado en contra de la creación de una empresa pública para dirigir este área. «¿Cuánto nos va a costar este invento?», preguntó al Consell. La consellera del área, Ana Barceló, contestó que la Generalitat garantizará al personal «la seguridad que no le da la empresa privada», y dijo a Zaplana: «Usted debería ponerse al lado de la Administración y no ejercer de comercial obstruyendo la reversión».

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