La advertencia que la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, hizo el jueves al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, sobre las consecuencias de prohibir la temporalidad en las Administraciones sin dar alternativas de empleo estable tiene fundamento.
De hecho, la reforma que planea el Gobierno central y que pasa por impedir que una persona interina esté más de tres años en una plaza y penalizar a la Administración de turno con una amortización de esa plaza puede agrandar el problema que ya tiene la Generalitat Valenciana en cuestión de recursos humanos. Es más, desde hace años, pero especialmente durante la etapa de Gobierno del Botànic, el Consell ha echado mano de la contratación de personal interino para paliar la merma de una plantilla que, año tras año, pierde empleadas y empleados públicos por jubilación.
Optar por funcionariado de carrera sería ideal, pero poco eficaz. Aunque el Consell ha activado las ofertas de empleo público, la entrada de savia nueva es muy reducida, ya que el Gobierno mantiene la tasa de reposición, un instrumento de control del gasto que impide que las administraciones puedan ofertar todas las plazas que necesitan.
El envejecimiento de la plantilla, las citadas limitaciones para dar trabajo fijo y la lentitud en la ejecución de las ofertas de empleo público conforman la tormenta perfecta para una plantilla venida a menos.
La política del Consell estos años ha sido obviar las limitaciones de contratación y optar por el nombramiento de personal interino para aliviar la gestión. Incluso, de cara a la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus, el Botànic confía en este personal temporal para reforzar las distintas consellerias y poder sacar adelante los proyectos financiados con ayuda europea. El decreto de agilización de los fondos europeos tiene un apartado dedicado expresamente a la contratación de temporales para sacar adelante el trabajo. Además, en el ámbito sanitario y docente, la contratación de personal interino ha sido constante y se ha acentuado en tiempos de pandemia. Si la reforma que planea Miquel Iceta sigue adelante, las cosas se le complican al Botànic. No toda contratación temporal será prohibida, pero sí se quiere evitar que se produzca lo que Europa considera un abuso. Es decir, que la interinidad dure más de tres años.
La limitación complica las cosas para el futuro, pero es un problema en el presente, ya que la interinidad es en algunos sectores superior al 40%. Como media, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la temporalidad en la Comunidad Valenciana es superior a la media.
