Los grupos parlamentarios PSPV, Compromís, Unides Podem no pudieron ponerse de acuerdo hace unas semanas sobre la composion del nuevo Consejo de Transparencia, el órgano encargado de hacer cumplir la ley de Transparencia, si bien pactaron una enmienda a la propuesta normativa que supone un paso de gigante en la rendición de cuenta. Se trata de un asunto que pasó desapercibido, pero que probablemente dará que hablar cuando salga adelante.
Se trata de la obligación de la Generalitat de hacer pública la relación de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial que tengan impacto en la prestación de servicios públicos. La propuesta forma es una de las 43 enmiendas acordadas por el tripartito y que se incorporará al texto pendiente de su debate y aprobación en las Corts.
La propuesta, que lleva la firma de los tres grupos parlamentarios de la izquierda, obliga a la Administración autonómica a hacer transparentes los algoritmos que ahora o en un futuro se manejen en los procedimientos administrativos o en la prestación de servicios públicos.
En concreto, y según consta en la enmienda que ha salido adelante, esta información deberá incluir «la descripción de manera comprensible de su diseño y funcionamiento, el nivel de riesgo que implican y el punto de contacto al cual poder dirigirse en cada caso, de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad».
La propuesta especifica que la información debe ser comprensible y figurar un contacto para aclaraciones
Aunque el asunto, así expuesto, puede parecer algo remoto para la ciudadanía. Incluso, para algunos, puede sonar a ciencia ficción, pero nada más lejos de la realidad en un mundo cada vez más avanzado tecnológicamente y en el que la utilización del big data es habitual y no sólo en las grandes corporaciones empresariales.
De hecho, el uso de la inteligencia artificial para el diseño de las políticas públicas es un hecho, como también la exigencia de que estas fórmulas mátemáticas sean de acceso público. Es una forma de que la ciudadanía vigile posibles discriminaciones en el diseño de procedimientos e incluso en la prestación de los servicios públicos.
De hecho, uno de los debates más encendidos actualmente en el ámbito de la trasparencia tiene que ver con la publicidad de estos algoritmos, una información que no es de fácil acceso.
Un algoritmo viene a ser como un receta, un protocolo automatizado para producir unos resultados, pero que pueden contener sesgos. Especialistas en rendición de cuentas hablan que para corregirlos es importante las transparencia, algo que no resulta tan fácil. Recientemente, Civio, una fundación independiente que lucha contra la opacidad, logró que el Consejo de Transparencia de la Administración del Estado le diera parte de razón en su reclamación de acceder a los algoritmos sobre los que se había basado la concesión del bono social de electricidad.
Cuando la nueva ley de transparencia salga adelante (el desacuerdo en torno al consejo podría bloquearla), la ciudadanía de la Comunidad Valenciana podrá reclamar a la administración el acceso a los programas informáticos a partir de los cuales se toman decisiones sobre procedimientos y políticas públicas. Un avance en la legislación autonómica sin precedentes en otros territorios.
