Dicen que el pasado siempre vuelve y, en la escena política valenciana, la corrupción y el catalanismo son dos temas recurrentes que se utilizan de forma cíclica como munición de grueso calibre para desgastar al contrincante. El Botànic, que atraviesa horas complicadas a cuenta del enfrentamiento de Compromís con el Síndic de Greuges por las investigaciones a la conselleria de Mónica Oltra, la tensión por la negociación de los presupuestos o la polémica por la tasa turística, protagonizó este miércoles un cierre de filas para conjurarse contra el principal partido de la oposición. Lo hizo en un momento en el que el PP vuelve a estar en el ojo del huracán judicial tras ser procesado como persona jurídica en el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) en el Ayuntamiento de València, junto a 49 cargos de Rita Barberá. En ese contexto, los valencianistas, que en las últimas sesiones apretaron las tuercas al jefe del Consell, Ximo Puig, con cuestiones como la infrafinanciación que sufre la Comunidad y la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, pusieron esta vez la alfombra roja al socialista. Le instaron a cifrar cuánto a costado la corrupción popular a los valencianos, y Puig certificó que la Generalitat ha recuperado ya 13,5 millones de euros. Y no serán los únicos, resaltó.
La síndica popular, María José Catalá, abrió ayer la sesión de control al Gobierno autonómico exigiendo a Puig que defienda a la institución del pueblo valenciano. Dijo que presentará una propuesta para que las Cortes refrenden la imparcialidad de este organismo estatutario y trató de elevar la tensión al acusar al jefe del Consell de subvencionar con siete millones de euros a entidades pancatalanistas. «¿Gobierna usted o Pere Aragonès? ¿Va a hacer algo para proteger a los profesores universitarios que están perseguidos por hablar castellano por la Plataforma per la Llengua que su Consell subvenciona con 300.000 euros?», le espetó. Sobre la pregunta inicial, es decir, la registrada formalmente por la popular en las Cortes, la que decía «¿cómo valora la situación económica y social de la Comunidad?», ni una mención.
Aún así, el jefe del Consell enumeró la ristra de indicadores económicos que, defendió, certifican que la región está alcanzado mejores cifras, incluso, que antes de la pandemia. Y, precisamente, también se explayó con cifras después de que Fran Ferri afeara al PP que reivindique el legado de Barberá, como viene haciendo el presidente del partido, Carlos Mazón. Tras ello, Puig explicó que del dinero relacionado con casos de corrupción que vuelve al erario autonómico, 8,24 millones ya están ingresados en las arcas públicas derivadas de los casos Fitur, Cooperación, Emarsa y Terra Mítica; mientras que otros 5,3 millones se encuentran en estos momentos en tramitación. Además, la próxima semana comienza el juicio por la compra de obras de arte falsas en el IVAM, donde la Generalitat pide una responsabilidad civil de 4,2 millones por el dinero desviado; y hay dos casos «muy avanzados»: el del Hospital de Haití, donde se está a la espera de que el Tribunal de Cuentas fije la responsabilidad civil de los condenados y la visita del Papa, donde pedirán la ejecución de la sentencia, que recoge una responsabilidad civil de los condenados de más de 3,2 millones de euros.
Fue el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, quien recalcó en una réplica al PP que el Gobierno «cumplirá con las quejas» del Síndic de Greuges para mejorar la atención a la ciudadanía, en relación con la polémica con Oltra, que no acudió a la sesión por estar en Madrid en el Consejo Territorial de Servicios Sociales.
Burros: La polémica de Mollà llega a la Cámara
El fallecimiento de una decena de burros en el Desert de les Palmes de Castellón, que formaban parte de un grupo de medio centenar de animales introducido en este espacio para prevenir incendios a través de un programa impulsado por la consellera de Agricultura, la ilicitana Mireia Mollà, tuvo su eco en la sesión plenaria. La síndica popular, María José Catalá, defendió el proyecto de ampliación del puerto de València frente a una propuesta presentada en el Congreso por Compromís, la CUP y ERC que pide desistir de la ampliación norte y desmantelar el dique ya construido, que ha costado 200 millones de euros. Los valencianistas vienen defendiendo además que la ampliación portuaria permitirá proteger La Albufera. «No han sido capaces ni de salvar 50 burros, ¿qué van a proteger la Albufera?», recalcó Catalá. m.a.rives
Sanidad: Defensa firme de la gestión directa
La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, propuso al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se adopte una estrategia de colaboración público-privada a largo plazo para «salvar» la sanidad valenciana, porque, «pese a que el presupuesto de la Conselleria de Sanidad ha aumentado en 2.000 millones de euros en diez años, la calidad asistencial no ha mejorado». La portavoz defendió que las concesiones sanitarias en Torrevieja, Elche y Manises eran las que menos demora quirúrgica acumulaban en agosto de 2021. «¿Torrevieja va a seguir el modelo Alzira, donde se han duplicado las listas de espera?», le preguntó. El jefe del Consell reafirmó el «compromiso inequívoco» con la sanidad pública frente a las «privatizaciones, recortes y pérdida de derechos» que hubo, según resaltó, con los gobiernos del PP.
Unides Podem: Ataques por la reforma laboral
La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, trató de marcar discurso propio a cuenta de dos asuntos: uno que compete directamente al Consell, como es la polémica tasa turística, y otro que es de ámbito estatal, pero que aprovechó para cargar contra los socialistas. La portavoz de los morados insistió en su defensa del gravamen a las pernoctaciones y alegó que es algo que se está implantado en «ciudades vanguardistas» como Viena porque «es una herramienta que compensa los fuertes impactos que el turismo deja sobre el territorio». También dijo, en la línea de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que la derogación de la reforma laboral se hará a pesar de Nadia Calviño, en una muestra clara de crítica al PSOE. Y añadió que esto, aunque es competencia estatal, mejoraría las condiciones de vida de miles de valencianos.
Encontronazo: «El sexo anal no es obligatorio»
Si la sesión plenaria de este miércoles se pudiera medir en función del eco mediático, uno de los minutos de oro sería sin duda el encontronazo entre Vox y el presidente de la Generalitat a cuenta de una campaña del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). La síndica de la ultraderecha, Ana Vega, acusó al Gobierno valenciano de «promocionar el sexo anal», mostrando la imagen de una campaña del IVAJ que pide «dejar atrás el tabú sobre el sexo anal». Vega preguntó cuándo ha costado esa iniciativa y dijo que el Consell parece que gobierna «pensando con sus posaderas» y no con la cabeza. Puig respondió que el IVAJ ha difundido «unos folletos determinados» que han decidido los jóvenes y que el Consell apoya porque cree en la capacidad de decisión de la juventud. Y añadió: «También le digo una cosa: lo del sexo anal no es obligatorio».
