La tasa turística tensa el Botànic: Compromís y Podem fuerzan el debate en las Cortes pese al rechazo del PSPV

Los socialistas se cierran a la aprobación del impuesto y piden escuchar al sector - La propuesta contempla un gravamen de hasta dos euros por noche con libertad de aplicación en cada municipio

El síndico del PSPV, Manolo Mata; la síndica de Unides Podem, Pilar Lima; y la secretaria general de Més  Compromís, Àgueda Micó.  | F. CALABUIG

El síndico del PSPV, Manolo Mata; la síndica de Unides Podem, Pilar Lima; y la secretaria general de Més Compromís, Àgueda Micó. | F. CALABUIG / m.a.rivesm.a.rives

M. A. Rives

M. A. Rives

La controvertida tasa turística para gravar las pernoctaciones en la Comunidad vuelve a dividir a la izquierda, una vez más. Los tres partidos que sustentan al Botànic fueron incapaces de fraguar un acuerdo este jueves, cuando expiraba el plazo para presentar enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, la que regula las medidas fiscales de cara a 2022. Los puentes de negociación saltaron por los aires en el último momento y, finalmente, serán Compromís y Unides Podem quienes sigan hacia adelante con la propuesta para aplicar este impuesto, a pesar del rotundo rechazo del PSPV.

Entre 50 céntimos y dos euros por noche. Esa es la horquilla del gravamen que proponen los valencianistas y los morados, en función de la tipología del alojamiento. Su proposición está basada en un impuesto de carácter autonómico que solo se aplicaría en los municipios que así lo deseen. Los ayuntamientos tendrían libertad para regular los importes finales. Además, se contempla una serie de exenciones, por ejemplo, para programas como los del Imserso, y se aplicaría solo a mayores de 16 años, según se recoge en la enmienda que estaba previsto que se registrara a última hora.

El grupo parlamentario socialista, liderado por el síndico, Manolo Mata, justificó ayer su negativa a secundar la enmienda conjunta propuesta por los valencianistas y los morados porque, en definitiva, no apoyan ni el fondo ni la forma. Fuentes de la formación explicaron que su propuesta consistía en estudiar la aprobación de este gravamen durante el ejercicio de 2022, a través de un proyecto legislativo en cuya tramitación se debía dar voz a los agentes del sector turístico. A lo que no estaban dispuestos era a fijar posiciones para la aprobación de la tasa a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento aprobada por el propio Consell. No obstante, los grupos capitaneados en las Cortes por Fran Ferri y Pilar Lima se negaron a posponer todavía más un debate que colea desde hace años y al cierre de esta edición se ultimaba la presentación de una enmienda conjunta. Enmienda que, en cualquier caso, tiene nulas posibilidades de prosperar puesto que, a priori, carece de apoyos en la Cámara autonómica. La derecha en bloque se posiciona tajante en contra de una propuesta de este tipo y, a priori, el PSPV tampoco la apoyara. También la patronal de empresarios del sector rechaza esta tasa que está en vigor en Cataluña y Baleares, alertando del perjuicio cuando siguen arrastrando los efectos de la grave crisis generada por el covid.

Llegados a este punto, y con la presentación de esa propuesta, Compromís y Unides Podem consiguen estirar los tiempos de debate dado que la mera presentación de la enmienda abre la puerta a que sea debatida en las Cortes, donde todo apunta a que se evidenciará el desacuerdo entre los socios, que por primera vez presentaron este año fuera del plazo los presupuestos por falta de consenso, lo que puso en bandeja las críticas a la oposición.

Lo que sí han conseguido acordar ha sido el pacto en otras cuarenta enmiendas, gran parte de ellas sobre cuestiones técnicas, así como una, a propuesta de Unides Podem, en la que acuerda que Sanidad trabajará por garantizar la salud bucodental de los niños y adolescentes , concretamente, ampliando los tratamientos ortodónticos que no tengan una finalidad exclusivamente estética.

Nuevo récord en pago a proveedores: la Generalitat abona facturas en 19 días

La Generalitat Valenciana ha batido un nuevo récord de agilidad en el periodo medio de pago a proveedores. El plazo se situó en 19,4 días durante el pasado mes de septiembre, cifra que se sitúa como la más baja desde que se empezó a contabilizar este indicador en enero de 2015, según aseguran desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Este dato revela que la Generalitat lleva catorce meses consecutivos realizando sus pagos por debajo de los 30 días, que es el límite legal que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, lo que le ha permitido salir de la supervisión del Gobierno central. la cifra llegó a situarse en 99 días en 2015.

PP y Cs aprietan con la bajada de impuestos

Los grupos parlamentarios de Partido Popular y Ciudadanos han presentado 143 enmiendas entre las que se reclama una reducción de impuestos en la Comunidad.

Los populares han registrado una enmienda a la totalidad de la Ley de Acompañamiento al justificar, entre otras cuestiones, que, «pese a la situación de pandemia actual y la grave crisis sanitaria, social y económica este proyecto de ley no contempla ninguna medida que contribuya a mejorar la situación económica y social de los valencianos, ni van a tener un impacto positivo directo o indirecto en la creación de empleo y mejora económica de la Comunidad». En las 88 enmiendas parciales, se incluyen muchas de las propuestas que fueron presentadas por Carlos Mazón, como la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tanto en la tributación individual como a escala autonómica, y modificar el Impuesto sobre el Patrimonio, deducciones por hijos, o deducciones para obras de adecuación en viviendas de personas con discapacidad. Solicitan igualmente mayor agilización administrativa con la finalidad de facilitar la óptima absorción de los fondos europeos.

Por su parte, el grupo de Cs ha presentado 55 enmiendas a la Ley de Acompañamiento con el objetivo de bajar los impuestos a los valencianos, favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes, fomentar el empleo y hacer frente a gastos sanitarios fundamentales. En concreto, se apuesta por reducir medio punto el tramo autonómico del IRPF, deducción por la primera adquisición de vivienda, o deducciones por los gastos vinculados a la salud bucodental o productos como lentillas y cristales.

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