Pulso impositivo. El debate político en torno a la conveniencia de gravar las estancias hoteleras en la Comunidad entra de nuevo en temporada alta, una vez más en el marco de la negociación presupuestaria. Esta vez, Compromís y Unides Podem irán un paso más allá, llevando su órdago al PSPV un poco más lejos, hasta las Cortes valencianas.
La controversia en torno a la posible instauración de una tasa para gravar las pernoctaciones turísticas en la Comunidad mantiene en liza a los socios del Botànic, y ya van seis años. El inicio del pulso se remonta prácticamente a la rúbrica del primer pacto de investidura. Desde entonces, el PSPV, Compromís y Unides Podem protagonizan un tira y afloja que suele entrar en temporada alta en el marco de las negociaciones presupuestarias, como en este preciso momento.
Ocurrió con las primeras cuentas de la era botánica, las negociadas en 2015 para su entrada en vigor el siguiente ejercicio y, de igual forma, sigue sucediendo ahora, cuando se ultima la aprobación del séptimo proyecto de presupuestos de la izquierda. Esta vez, los morados, que abanderan desde un primer momento esta reivindicación, se han aliado con los valencianistas para ir un paso más allá. Forzarán el debate en las Cortes con tal de evidenciar ante el socio mayoritario de la coalición, los socialistas, que remarcar su posicionamiento a favor pesa más, aún a costa de proyectar una imagen de división interna en sede parlamentaria. Todo en torno a una cuestión que tiene un significativo trasfondo para la Costa Blanca y, en especial, para el modelo turístico de Benidorm.
Los socialistas quieren regular la tasa por ley y dar voz a un sector que se muestra contrario, sobre todo en Benidorm
Mientras la patronal hotelera ha mantenido durante todos estos años una posición rotunda de rechazo al impuesto, aduciendo que la realidad es muy diferente a la de otros territorios donde está en vigor, como Baleares o Cataluña, las voces del Consell y de los grupos parlamentarios se han ido modulando con voces a favor y en contra; una falta de unidad de criterio que, sin duda, ha servido de munición a las filas de la oposición. El Gobierno autonómico ya barajó en 2015 introducirla en las cuentas de 2016 por la necesidad de incrementar ingresos, pero no se llegó a tiempo. Al año siguiente, la propuesta fiscal elaborada por una comisión de expertos contemplaba la puesta en marcha de este gravamen. Fue algo que dio pie a una intensa campaña en contra de los empresarios, que recibieron el apoyo de expertos en turismo de la Universidad de Alicante, entre otros, y el respaldo de la derecha. Ese año, Podemos promovió el debate político en torno a este asunto y en 2017 apostó por marcar perfil propio al decidirse a llevar su propuesta a la Comisión de Economía con tal de activar la tasa al año próximo, pero la iniciativa fue tumbada con los votos en contra del PP y Cs y la abstención del PSPV y Compromís. Tampoco lo consiguió el ejercicio siguiente. Y es ahora cuando la propuesta ha resucitado, en alianza con los valencianistas.
Desde la mismo génesis del debate sobre esta cuestión, en las propias filas del PSPV ha habido unas voces que apoyaban y otras que renegaban de la posibilidad de gravar las pernoctaciones, siendo el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francec Colomer, uno de los mayores detractores de la tasa, y el síndico, Manolo Mata, uno de las que la ha apoyado, pero en según qué lugares. En lo que sí ha habido coincidencia desde el 2015 es en que la aprobación de una medida de este tipo debía ser consensuada con el sector. Y ha sido eso, precisamente, lo que los socialistas han alegado ahora para rechazar la propuesta registrada formalmente por Compromís y Unides Podem, que vuelven a la carga con este asunto tras un paréntesis por la pandemia.
La brecha abierta en el Gobierno en torno a la tasa turística se ha acrecentado en las últimas semanas puesto que, si en un principio el debate se circunscribía al marco del debate de las Cortes, ahora se ha convertido en una cuestión de Gobierno. Fueron los vicepresidentes de la Generalitat, Mónica Oltra y Héctor Illueca, quienes dieron un sonoro paso al frente. Lo hicieron al organizar una comparecencia pública en septiembre, aprovechando el día en que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se encontraba a más de 600 kilómetros, en Sevilla, en un encuentro con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP).
2 EUROS
Gravamen máximo que proponen Compromís y UP
La tasa que impulsan ambos grupos fija un impuesto de entre 0,5 y dos euros con exenciones.
Con esta polémica de vuelta a la actualidad de la agenda política, el jefe del Consell se pronunció una vez más en contra de impulsar ahora el proyecto. Puig se apresuró a defender que no es momento de abordar la tasa tras las consecuencias de la crisis pandémica. Enfatizó incluso que no estaba en la agenda del Consell, pero tanto Oltra como Illueca se encargaron de matizar que sí está en el orden de prioridades, al menos, de una parte del Ejecutivo.
La sucesión de declaraciones en un sentido y otro desde las tres patas del Botànic no ha hecho más que alimentar las críticas que surgen desde la bancada de la derecha. No es algo nuevo. De hecho, la Diputación de Alicante, que es la institución más importante que gobierna el PP desde el desembarco de Puig en el Palau de la Generalitat, ha servido como altavoz de los populares, contrarios a esta medida. Eso es algo que sigue vigente, con mayor ahínco si cabe desde que el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, se ha convertido en el jefe de los populares de la región.
Salvo sorpresa de última hora, Compromís y Unides Podem seguirán adelante con la enmienda a la Ley de Acompañamiento, la que establece las medidas fiscales para 2022, con tal de aprobar el impuesto con el que pretenden gravar las estancias con entre 50 céntimos y dos euros por noche, con exenciones, y a través de una tasa de aplicación voluntaria en los municipios a partir de 2023. Con esa propuesta concreta, que no es nueva, pues guarda importantes semejanzas con la ideada por los morados en 2018, ambas fuerzas pretenden poner en un brete al PSPV, puesto que aceptan que la tasa sea municipal y voluntaria, como exigían. Los socialistas, una vez más, tratan de posponer este asunto y ofrecen regularlo por ley y, sobre todo, escuchando al sector, conscientes de que se les echará encima en un momento en el que lo que se quiere es centrar el mensaje en la recuperación. Saben que sus socios no cuentan con los votos suficientes para sacar adelante el impuesto, pero también que no podrán evitar que prosiga el tira y afloja, con el desgaste que conlleva.
