La Generalitat impulsa el fondo de cooperación para 2022 con el plante de la Diputación de Alicante

La Generalitat ha constituido esta mañana la Comisión de Colaboración y Coordinación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana. Se trata del órgano que a partir de ahora se encargará de la ejecución y seguimiento de la aplicación del fondo que desde la aprobación de la ley reguladora el pasado mes de noviembre por las Cortes blinda la aportación anual de la Generalitat a las corporaciones locales. En la reunión se ha acordado la puesta en marcha del fondo de cooperación municipal que, por sexto año consecutivo, permitirá transferir a los ayuntamientos, de forma progresiva e incondicionada, 40 millones de euros para garantizar su capacidad financiera. No obstante, una vez más, se ha registrado una significativa ausencia, la de la Diputación de Alicante, que mantiene el pulso en contra de una normativa que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

El fondo de cooperación y, sobre todo, la normativa que blinda su aplicación a partir de 2023, se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación entre el Consell que preside Ximo Puig y la institución local que lidera Carlos Mazón en Alicante, la más importante en manos del PP en todo el territorio autonómico. La aprobación de la ley impulsada por el Botànic supone, de facto, obligar a la institución provincial a aportar fondos para ejecutar el reparto a los municipios a partir del próximo año, algo a lo que hasta ahora se ha negado. En total, han sido cinco años los que la Diputación ha venido boicoteando esta iniciativa, convirtiéndola en uno de sus arietes contra el Gobierno de Puig. No obstante, todo apunta que queda por delante un largo laberinto judicial. 

En la reunión celebrada hoy han participado el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, el director general de Administración Local, Toni Such, y la directora general de Agenda Valenciana Antidespoblación, Jeannette Segarra, junto a representantes de las diputaciones de València y Castelló, y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

Tras la reunión, Toni Such ha destacado que se ha puesto en marcha ya el fondo de cooperación para 2022 que constará de 40 millones de euros de transferencia para todos los municipios, a los que se añadirán los 4 millones de euros del fondo de lucha contra la despoblación y de 4,5 millones del fondo de cooperación para municipios turísticos. “En total 48,5 millones de euros que se van a transferir a los ayuntamientos para que los utilicen de la forma que consideren, ya que son fondos incondicionados”, ha expresado.

“Quiero agradecer a las diputaciones de València y de Castelló la colaboración activa que han tenido en la consolidación del fondo de cooperación. Ellos van a poner las mismas cantidades que aporta la Generalitat a cada municipio por lo que se duplican los recursos que llegarán a los municipios de estas dos provincias”, ha apuntado Such. El director general ha añadido que: “Lamentablemente la Diputación de Alicante no ha comparecido en la constitución de la comisión y por tanto no se ha adherido al fondo de cooperación municipal para el año 2022.

Para Such, eso es algo que supone "una discriminación muy importante para los ayuntamientos de la provincia de Alicante ya que su Diputación no atiende las reivindicaciones históricas del municipalismo valenciano de dotarlos de recursos de forma incondicionada y progresiva".

“Nosotros damos un paso muy importante ya que tanto la aprobación de la ley como de la puesta en marcha del fondo para 2022 vamos a dotar de garantía y seguridad financiera a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, ha concluido.

Mientras tanto, fuentes de la Diputación de Alicante han defendido que declinaron la invitación para participar en la reunión puesto que, según consideran, no tendría sentido asistir para abordar una cuestión contra la que están radicalmente en contra en los términos planteados por el Botànic. Desde la institución defienden que la ley con la que se pretende articular el fondo de cooperación a partir del próximo ejercicio no es más que una "imposición" que atenta contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la ley de Bases de régimen local y la autonomía de las Diputaciones.

Suscríbete para seguir leyendo