La controversia por la ordenanza de mendicidad y prostitución aprobada hoy por el pleno de Alicante, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica, ha generado repercusiones en las Cortes valencianas. Mientras los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han salido en tromba a criticar una normativa que han calificado de "vergonzosa" por criminalizar a personas vulnerables, PP y Vox la han defendido y han asegurado que es igual que la que está en vigor en la ciudad de València.
El portavoz del PSPV-PSOE en la Cortes, Manolo Mata, ha calificado la normativa impulsada por el Gobierno local de Luis Barcala (PP) de “vergonzosa” y ha señalado que “con su aprobación lo que parece es que algunos partidos quieren volver a la Ley de vagos y maleantes del franquismo”.
“La Comunidad Valenciana es un territorio inclusivo y no podemos criminalizar a las personas más vulnerables”, ha dicho el portavoz socialista.
También la síndica de Compromís, Papi Robles, ha evidenciado el rechazo frontal de los valencianistas. En ese sentido, ha asegurado que la ordenanza de Alicante "no tiene absolutamente nada que ver" con la de València, pues en esta última se habla de los derechos sociales de los más vulnerables y de cómo trabajar con esa gente, y se da "un enfoque social de los servicios sociales". A ese respecto, ha destacado que la normativa en vigor en la ciudad gobernada por Joan Ribó, "no habla de expulsión ni de sanciones ni hace un enfoque de delito de los más vulnerables, que tienen la desgraciada situación de vivir la vida que viven". La líder de este partido y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha sido una de los cargos del Gobierno valenciano que más han cuestionado la aprobación de la normativa impulsada por el Ejecutivo de Alicante, un bipartito formado por PP y Vox.
Por su parte, la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes ha calificado la ordenanza de Alicante como "la ordenanza de la vergüenza", por sancionar la mendicidad en lugar de tratar de ponerle solución, y ha considerado que estas son las cosas que pasan cuando se cuenta con Vox. Precisamente los morados han registrado una proposición no de ley en el Parlamento valenciano instando a las Cortes a condenar cualquier acto administrativo que criminalice a las mujeres prostituidas o el ejercicio de la mendicidad en cualquier municipio, comarca provincia o comunidad autónoma.
Mientras tanto, el partido que lidera Carlos Mazón en la Comunidad, así como los seguidores de Santiago Abascal, han defendido la aprobación de la normativa, que prevé sanciones de hasta 3.000 euros. El principal argumento empleado para apoyar la aprobación de la normativa ha sido que es la misma que la que rige en la capital del Turia, en el Ayuntamiento gobernado por Joan Ribó (Compromís) en coalición con el PSOE.
La síndica del PP, María José Catalá, ha dicho no acabar de entender el planteamiento político que se está haciendo con la norma de Alicante. "¿Por qué demonizan a Alicante cuando hace lo mismo que se hace en València?", se ha preguntado en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics. En ese sentido, ha subrayado que cuando gobiernan Compromís y el PSOE no derogan esas ordenanzas, como en València.
La misma reflexión ha hecho la síndica de Vox, Ana Vega, para quien València tiene una ordenanza "calcada" a la de Alicante.
Vega ha destacado que lo único que se pretende con esta nueva ordenanza son cosas "de sentido común", como "proteger a las familias alicantinas", "perseguir la mendicidad coactiva" y que "no se ejerza la prostitución a menos de 200 metros de colegios y viviendas".
