Fue un gesto significativo. Revelador de la tensión que soportaba. Sintomático. Y no era para menos. Media hora después de que se iniciara la ronda de preguntas con los periodistas, a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se le torció el semblante. No pudo evitar resoplar al tiempo que se reclinaba sobre la silla. Se le escapó una de esas sonrisas que denotan hartazgo cuando supo que las preguntas no habían terminado. Había más.
El terremoto político desatado tras la imputación de la portavoz de la Generalitat y el interés mediático por acudir a su primera comparecencia, ya con la etiqueta de investigada, obligó el viernes a habilitar una sala adicional para dar cabida a la asistencia masiva de medios de comunicación. Durante prácticamente una hora, nadie le preguntó por los acuerdos que el Ejecutivo del Botànic, el Gobierno que presume de haber dejado atrás la hipoteca reputacional, había adoptado en el pleno celebrado a primera hora de esa mañana. La protagonista fue ella. Solo ella y su devenir judicial. Lo previsible. Bajo el chaparrón, Oltra contestó con mayor o menor desgana en función de los planteamientos. En determinados momentos le fue imposible disimular su hastío por el monotema que le persigue. Llegó a las últimas preguntas apática, proyectando una imagen que nada tiene que ver con la enérgica valencianista que sacudió la escena regional haciendo oposición al PP en los peores años de la corrupción, hace algo más de una década. El desgaste a nivel personal e, inevitablemente, con relación a su figura política, evidencia el ocaso televisado en directo de Mónica Oltra, enrocada al cargo y sin intención de dimitir. Ni aunque acabara sentada en el banquillo.
La causa abierta por el papel que jugó la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con Oltra como máxima responsable, en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada, cometidos por su exmarido, condenado a cinco años de prisión y pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo, ha abierto un cisma en la carrera de la que ha sido una de las políticas de referencia en el tablero autonómico. Los indicios a los que apunta el TSJCV, en concreto, sobre que se pudo orquestar un plan para tapar el caso de abusos con el objetivo de no perjudicar al abusador ni tampoco su carrera política, dejan la futura trayectoria de esta abogada de 52 años en manos de los tribunales, a los que acudirá el próximo 6 de julio a prestar declaración. Recorrerá el mismo camino que varios de sus antecesores en el Gobierno. El desenlace final está por vez. Sea como fuere, la lideresa de Compromís conoce bien el calvario que todo ese proceso conlleva, la conocida como pena de telediario. Porque Oltra no es nueva en los menesteres de la política. Desde hace quince años mantiene escaño en las Cortes y sabe, o al menos debería saber, a lo que se enfrenta y las consecuencias derivadas. No solo para ella. También para el Botànic.
Oltra aterrizó en el Parlamento valenciano en 2007 bajo el paraguas de la formación Compromís pel País Valencià, que integraba a EUPV, donde militaba. Anteriormente había trabajado como letrada para esas siglas. Uno de los hechos que más se recuerdan es que en las elecciones a las Cortes de 2003 fue la encargada de pedir un recuento para comprobar si había habido errores en la contabilización de votos. Como resultado, los socialistas perdieron un escaño a favor de EU-L’Entesa. Fue un punto a su favor que no pasó desapercibido.
Nacida en Neuss (Alemania) como hija de emigrantes españoles, ingresó en el Partit Comunista del País Valencià a los 15 años y fue hace cuatro legislaturas cuando se integró en las Cortes valencianas, donde acabó su primer mandato, el que arrancó en 2007, siendo portavoz, como resultado del sonoro enfrentamiento entre dos sectores de la coalición de izquierdas de la que formaba parte. Incluso llegó a ser expulsada de EUPV junto a Mireia Mollà, pero resurgió con mucha más fuerza al calor de un partido de nueva constitución, a medida. Iniciativa del Poble Valencià echó a andar con Oltra a la cabecera. Ya en esa legislatura, en concreto en mayo de 2009, su imagen saltó a la palestra estatal. Su discurso, su capacidad de confrontar contra la derecha empleando un lenguaje mordaz, ya era un sello de identidad que garantizaba titulares. Pero la visibilidad que hizo despegar su carrera llegó a partir de una puesta en escena llamativa y un tanto irreverente. En cualquier caso, inédita en el hemiciclo.
Reclamo en los platós
Acudió al Parlamento con una camiseta que acabó siendo un icono para parte de la izquierda valenciana, la prenda que llevaba serigrafiada la cara del jefe del Consell, Francisco Camps, con la inscripción «Wanted. Only alive», que significa «Se busca, solo vivo». Su atrevimiento le valió la expulsión de las Cortes. Fue la primera vez pero no la última. También le ocurrió con la de «No nos falta dinero, nos sobran chorizos». Pero para entonces, Oltra ya se había convertido en todo un reclamo en los platos de televisión, Canal 9 al margen. Sus intervenciones mordaces en las Cortes, su lucha implacable contra el entonces todopoderoso PP de Camps, enfangando en diversas causas judiciales, y su activismo en la calle catapultaron su popularidad. Eran años en los que resultaba habitual verla en manifestaciones y protestas, acentuando la estrategia de desgaste contra la derecha. Mientras tanto, Compromís labraba su estructura orgánica territorial, hasta que en mayo 2015, finalmente, la aritmética lo hizo posible. Los valencianistas, el PSPV-PSOE y Podem rubricaban el primer pacto del Botànic. La suma de escaños permitía desbancar al PP tras dos décadas de ordeno y mando. Su paso de la oposición al poder, nada más y nada menos que como vicepresidenta del Consell, marcó un punto de inflexión en su carrera. En aquella trascendental cita con las urnas, fue cabeza de cartel de una coalición que cosechó 19 diputados, 13 escaños adicionales a los obtenidos en el mandato anterior. Para ese entonces, su popularidad seguía en ascenso y uno de sus mandamientos, el de que los imputados debían abandonar las instituciones por decencia, era cada vez más aplaudido. Se había convertido en una suerte de musa para un sector de la izquierda, hasta el punto que Podemos, en plena efervescencia y con Pablo Iglesias al frente, la reivindicaba como el ejemplo a seguir. Lo mismo que hizo hace pocos meses Yolanda Díaz, aunque tras los últimos acontecimientos está por ver en qué queda ese incipiente idilio en torno a la confluencia «Sumar». Uno de tantos idilios, porque la última vez que los valencianistas concurrieron a las generales fue con Íñigo Errejón.
El bipartito que gobernaba la Generalitat, liderado por Ximo Puig, siguió su andadura, con sus más y sus menos. Aireadas fueron y siguen siendo las desavenencias entre Oltra y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, hasta que la luna de miel acabó en divorcio. La decisión de Puig de adelantar las elecciones a abril de 2019, coincidiendo con las generales, abrió una herida que, todavía hoy, supura de cuando en cuando. Oltra lo acusó de deslealtad por no consensuar una decisión de ese calado. Pero de nuevo se abrieron las urnas y, tras el recuento de papeletas, se vieron condenados a entenderse. Echó a andar el Botànic II, esta vez con Unides Podem integrado en el Gobierno.
El segundo mandato de la coalición de izquierdas en el Consell ha sido más convulso, pandemia mediante. A las batallas por cuadrar el presupuesto cada ejercicio, todo un clásico en el que la conselleria de Oltra siempre ha crecido por encima de las demás, se han ido sumando piedras en el camino. Las discrepancias sobre la fórmula política para hacer plantar cara al covid produjeron choques durísimos con Puig. Pero lo peor estaba por llegar.
La condena a cinco años de prisión a su exmarido por abusos sexuales, que trascendió en diciembre de 2019, como la pandemia, se ha venido arrastrado todo el mandato, utilizada como munición de grueso calibre para la oposición. Da igual que diera explicaciones en las Cortes, como la extensa comparecencia del 21 de abril de 2021 a la que siempre que no quiere contestar una pregunta sobre el tema se remite. Da igual que insistiera en que esta sórdida cuestión no le salpicaba ni a ella ni a su conselleria.
Todo cambió cuando se abrió el proceso judicial que insiste en calificar como una cacería de la ultraderecha. Viéndolas venir, Vicent Marzà renunció a mantenerse al frente de Educación y dejó el Gobierno, un movimiento del que Oltra se enteró a ultimísima hora. En cualquier caso, la imputación la deja ahora en el momento más complicado de su trayectoria. Y no por los denunciantes, que son uno de los líderes de España 2000, José Luis Roberto, y la fundadora de Vox en la Comunidad, Cristina Seguí; sino por los escritos de la Fiscalía y el auto del TSJCV que aceleran su ocaso, aunque trate de aparentar que eso es algo que no va con ella.
