Los ayuntamientos de la provincia de Alicante han conseguido sanear sus cuentas en un contexto complicado, en concreto, el que ha transcurrido desde la irrupción de la pandemia de covid. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública revelan que las administraciones locales, en su conjunto, adeudan 216,8 millones de euros. La cifra se ha reducido considerablemente durante dos ejercicios consecutivos. Era prácticamente un 30% superior en el año anterior al inicio de la crisis sanitaria que puso en jaque el sistema económico, bloqueó el tejido productivo e hizo tambalear la estabilidad social. Con todo, los consistorios han conseguido salir adelante reduciendo su débito. Incluso algunos de ellos dejando atrás los números rojos.
Las cifras difundidas por el departamento que dirige María Jesús Montero constatan que a cierre del ejercicio 2019, los municipios de la demarcación alicantina adeudaban, en términos globales, un total de 311,2 millones de euros, lo que supone prácticamente un 30% más que al finalizar el ejercicio de 2021, el último año completo analizado por el ministerio.
En la provincia son dos los municipios que acumulan una cifra significativamente superior en comparación con el resto de ayuntamientos. Se trata de las cabeceras de comarca de la Marina Alta y l’Alcoià. Es Dénia, con algo más de 41.000 habitantes, la que lidera el ranking. Los números rojos del consistorio que preside el socialista Vicent Grimalt ascendían a 24,4 millones de euros a cierre de 2021. El segundo puesto lo ocupa Alcoy, que cuenta con cerca de 60.000 residentes. En este caso, la localidad que gobierna Toni Francés (PSPV), acumula una deuda de 23,9 millones de euros, según se desprende de la información que obra en poder del ministerio. El tercer puesto se disputaría entre Bigastro y Monóvar, cuyo pasivo se mueve en el entorno de los 15 millones de euros.
Los números rojos de ambas localidades contrastan con los balances de otros municipios de gran población de la provincia que presentan finanzas muy distintas. Es el caso de Alicante. El Ayuntamiento que dirige Luis Barcala (PP) presentaba al final de año 2021 una deuda de 200.000 euros, mientras que Elche, con Carlos González al frente (PSPV), acumulaba algo más de seis millones de euros. Orihuela, con siete millones de deuda; Torrevieja con cinco; Elda con 54.000 euros; y Villena con la deuda a cero son los balances de algunas otras cabeceras de comarca.
Las causas por las que los ayuntamientos de Alcoy y Dénia presentan los peores datos de endeudamiento de la provincia son diversas, según sus gobernantes. En el caso del municipio de l’Alcoià, su concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, defiende que la deuda no es excesivamente elevada si se tiene en cuenta que es, precisamente, la más baja de las últimas dos décadas. Llegó a superar los 40 millones de euros. La edil apunta que, en términos porcentuales, la deuda actual representa un 45% sobre el presupuesto que el consistorio maneja. Asegura que recurrir al endeudamiento no es algo negativo siempre que ese porcentaje no se eleve al 75% y destaca que la clave está en encontrar un equilibrio entre los ingresos y la ejecución de los proyectos que se necesitan en la ciudad.
En el caso de Dénia, las causas de la deuda que arrastra el municipio tienen que ver, directamente, con sentencias por cuestiones urbanísticas. El responsable de Hacienda en la localidad, Paco Roselló, cifra en 35 millones de euros el volumen que ha tenido que abonar el consistorio para hacer frente a fallos judiciales condenatorios, de los cuales una parte se han abonado con fondos propios y la otra recurriendo a endeudamiento. El municipio sigue tramitando en estos momentos su Plan General, del que carece.
Récord en los números rojos de la Generalitat
La deuda de la Comunidad Valenciana batió todos sus récords a cierre del ejercicio 2021, al mismo tiempo que los ayuntamientos reducían su nivel de endeudamiento con las cifras más bajas de la última década. Hasta el 31 de diciembre del pasado año, la Generalitat registraba un débito de 53.820 millones de euros, mientras los ayuntamientos de la autonomía cerraban el ejercicio con una deuda de 1.218 millones de euros, lo que supone 265 millones menos que antes de la pandemia. La evolución ha sido, por tanto, contrapuesta, y mientras la Comunidad ha seguido su tendencia al alza en endeudamiento, los consistorios han recorrido, precisamente, la senda contraria. No obstante, durante el primer trimestre de este año, la Generalitat redujo en 771 millones la deuda, pero seguía siendo la comunidad autonómica más endeudada con relación a su PIB.
La infrafinanciación que viene sufriendo la Comunidad Valenciana es la piedra angular sobre la que pivota el argumentario del Consell que lidera Ximo Puig para explicar el ritmo ascendente de la deuda valenciana. El conseller de Hacienda, Arcadi España, ya avanza que en los próximos presupuestos, los de 2023, se volverá a incluir la partida reivindicativa de 1.300 millones por la infrafinanciación.
La comisión de las Cortes valencianas que investiga la deuda autonómica cree que la falta de financiación explica el 75% del total de la deuda.
Saneamiento exprés tras pinchar la burbuja inmobiliaria
Los niveles de deuda que presentan los ayuntamientos alicantinos poco tienen que ver con los de hace una década, cuando la crisis financiera y el estallido de la crisis inmobiliaria dejó al borde del colapso a numerosas administraciones. A cierre de 2011, los consistorios de la provincia registraban un débito de 928 millones de euros. Los planes de ajuste, la regla de gasto que restringía el uso del superávit y las medidas incluidas en la ley para la sostenibilidad de la administración local han obligado a reducir la deuda, que es hoy casi una quinta parte.
