Puig pone fecha a la reforma fiscal y sus socios condicionan su apoyo a una mayor presión a las rentas altas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mueve ficha y despeja la incógnita. La reforma fiscal impulsada para hacer frente a los efectos de la inflación y de la crisis derivada de la guerra en Ucrania se aprobará el próximo lunes. Ese día se celebrará un pleno extraordinario del Consell para dar luz verde al paquete de medidas fiscales y, en esa misma sesión, se sacará adelante la Ley de Acompañamiento al presupuesto autonómico para 2023. Ese fue el mensaje que el líder autonómico lanzó desde la tribuna de las Cortes durante una sesión de control, la primera desde julio, en la que se daba por hecho que la oposición, en bloque, centraría sus ataques políticos en la cuestión impositiva que tanta polvareda ha levantado en las filas de Pedro Sánchez. Ahora bien, aunque el líder del PSPV haya fijado fecha, sus socios en el Gobierno valenciano remarcan que, por el momento, el acuerdo no está cerrado. Por tanto, la negociación sigue viva, pendiente de perfilar el aumento de la presión fiscal a las rentas altas y grandes patrimonios. Con todo, la jugada de Puig de activar públicamente la cuenta atrás añade presión a la hoja de ruta del tripartito. 

Estamos trabajando por un reequilibrio de los Presupuestos del Estado en la Comunidad»

Ximo Puig

— Presidente de la Generalitat

En concreto, el Gobierno valenciano segmentará la aprobación de las medidas en dos procedimientos. Por un lado, con un decreto ley que incluirá la rebaja tributaria para rentas menores de 60.000 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. Por otro lado, la modificación de gravámenes al alza, que supuestamente se plasmará en la Ley de Medidas Fiscales, con efectos a partir de 2023. Probablemente, en el Impuesto de Patrimonio o la subida de tipos en el IRPF para rentas a partir de 120.000 euros. Los valencianistas, liderados por Papi Robles en las Cortes, mostraron su voluntad de que se alcance un acuerdo, pero aseveraron que, si no se consigue cerrar un pacto, habría que posponer la aprobación de ambas baterías de medidas puesto que, según recalcaron, una cosa va de la mano de la otra, es decir, que no se puede rebajar la recaudación para beneficiar a las rentas medias si no se aprueban al mismo tiempo las modificaciones que permitan compensar esa bajada de ingresos. Y en la misma línea se sitúan desde Unides Podem. 

La síndica del PP, María José Catalá, inició la ronda de preguntas para fiscalizar al Gobierno valenciano poniendo el foco en tres cuestiones. Por un lado, en la reforma fiscal anunciada por Puig 23 días antes, durante del debate de política general, y que todavía no se ha concretado. Por otro, criticando que la Ley de Acompañamiento prevé aumentar un 10% un total de 4.529 tasas a la ciudadanía. Incidió, además, en que la izquierda valenciana prevé aprobar hasta cuatro nuevos impuestos, como son la tasa turística y los tres gravámenes vinculados a la nueva Ley de Cambio Climático. Medidas fiscales que, consideró Catalá, castigan a la industria, a las azulejeras y al sector turístico.

Protesta en Alicante

«Suben impuestos por la puerta de atrás», le reprochó a Puig la síndica popular, quien cargó igualmente contra los Presupuestos Generales del Estado, poniendo especialmente el acento en el agravio que se produce contra la provincia de Alicante, al ser la última del país en inversiones. «¿De qué le sirve usted a los valencianos?», le inquirió Catalá al president, preguntándole en varias ocasiones si piensa asistir a la manifestación prevista en Alicante la próxima semana a propuesta de los empresarios para rechazar las cuentas del Estado. Por su parte, el líder autonómico escurrió el bulto. Decidió hacer oídos sordos a esa pregunta. Tampoco se refirió a la propuesta del PP para pactar enmiendas conjuntas a los presupuestos del Ejecutivo de Sánchez. A juicio de Catalá, lo que necesita la Comunidad es bajar los impuestos, cambiar el modelo de financiación y una mayor inversión del Estado, mientras que lo que opina Puig es que hay que seguir adelante con las políticas del Botànic para hacer frente a la crisis. 

Ximo Puig, ¿va a ir a la manifestación contra los Presupuestos en Alicante? ¿Pactará enmiendas con el PP?

María José Catalá

— Síndica del PP

El bofetón que han supuesto los Presupuestos Generales para la provincia ha sido de campeonato y, como era de esperar, ha puesto en bandeja la crítica a la derecha. Pero el jefe del Consell se mostró convencido de que, finalmente, se podrá dar la vuelta a la tortilla. En ese sentido, durante sus intervenciones en el Parlamento valenciano, defendió que el Consell continúa trabajando para «revertir hacia un equilibro interno» en la Comunidad Valenciana con las cuentas del Estado para 2023. A partir de ahí, Puig tiró de hemeroteca para reprochar a Catalá su «cinismo» por salir a criticar ahora los Presupuestos, que recogen una inversión del 9,4% en el global de la autonomía, mientras que cuando gobernaba el PP rondaban el 6%. Reiteró asimismo que en las cuentas de la Generalitat se avanzará en progresividad fiscal y acusó al PP de querer imponer la fórmula neoliberal que ha tratado de sacar adelante la hasta ahora primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, quien, poco después anunciaba su dimisión. A los populares les dijo que si su modelo consiste en el que aplicaron en la crisis de 2008, que consistió en «subir impuestos y recortar los servicios públicos», al Botànic no le interesa esa vía porque está «centrado en las personas». En medio de ese debate, aprovechó para anunciar nuevas medidas sociales, como la ampliación del descuento adicional del 30% en el transporte público hasta el fin del próximo año o ampliar el programa de detección precoz del cáncer de mama hasta pacientes de 74 años.

 Tampoco Cs se mostró conforme con la rebaja fiscal. «Su rompedora rebelión fiscal supone de media un ahorro anual de 111 euros» para cada valenciano. Es «limosna», dijo Ruth Merino. 

Luz verde a las ayudas para sostener el Imserso

Todo el arco parlamentario valenciano, a excepción de la ultraderecha, ha respaldado el decreto del Consell para inyectar ayudas a los establecimientos hoteleros que participan en el programa del Imserso. De esta forma, los empresarios recibirán 6,70 euros por pernoctación en el marco del plan de vacaciones. Un cantidad que complementa la aportada por el Gobierno central, de 22 euros por persona y día en pensión completa, algo que los hoteleros calificaron de insuficiente. Con esta aportación se pretende que el sector mantenga el empleo en temporada baja, con una aportación total cifrada en cinco millones de euros.

Transporte bonificado también en 2023

 Los presupuestos autonómicos para 2023 incluirán la ampliación del descuento adicional del 30% en el transporte público hasta el fin del próximo año. Se trata de una rebaja del 30% que se suma a la de hasta el 50% establecida el Gobierno para el transporte público de competencia autonómica, incluidas las concesiones de autobuses, durante el próximo año, en el que se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y nacionales. Esta ampliación, según destacó Puig, convivirá durante 2023 con la gratuidad de los viajes de Cercanías y Media Distancia anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Cambio climático y bienestar animal siguen su tramitación

La agenda legislativa del Botànic continúa a pleno rendimiento a siete meses de las elecciones. En la sesión plenaria de este jueves se tumbaron las enmiendas a la totalidad registradas por el PP contra la nueva Ley de Cambio Climático, que introduce tres nuevos impuestos verdes: uno a las emisiones de gases de efecto invernadero a la industria, otro para vehículos contaminantes y un último para grandes superficies comerciales. También sigue adelante la Ley de Bienestar Animal.