La Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para el fomento de la Economía Circular en la Comunidad Valenciana se aprobará definitivamente este jueves. La normativa, impulsada por los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic, introduce novedades como la reintroducción en los comercios del sistema de bebidas de envases reutilizables. De esta forma, se abre la puerta a poner precio, por ejemplo, a las botellas, de forma que el consumidor podrá recuperar el importe abonado cuando retorne el casco a un establecimiento. La normativa recoge igualmente la obligatoriedad de la hostelería de servir gratis agua del grifo a los clientes que lo soliciten, evita que alimentos en buen estado acaben siendo desechados en los puntos venta y, entre otras medidas, impulsa el desarrollo de un tejido comercial de venta de productos de segunda mano, reutilizados o reparados para contrarrestar la obsolescencia programada.
Han sido cerca de cuatro años los que PSPV, Compromís y Unides Podem han alargado el debate para dar forma a esta normativa, que nace armonizada con la ley aprobada en primavera por el Gobierno central. Su entrada en vigor supondrá la derogación de la Ley de Residuos del 2000 y eso es algo que, subrayan desde el Botànic, supone un cambio de paradigma radical en las políticas de gestión de residuos que se han promovido hasta ahora en la Comunidad Valenciana, «dejando atrás el viejo modelo de economía lineal para avanzar en la circularidad de la economía valenciana».
Para poder impulsar los nuevos retos, se ha acordado la creación de la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, con la adscripción de una oficina de prevención de residuos y el fondo ambiental de política de residuos y economía circular, desde la que se llevarán a cabo las actuaciones de seguimiento y acompañamiento del trabajo de los municipios, así como la gestión de los fondos o las campañas de educación ambiental.
La norma, que nace con el sello del Botànic, fue debatida este miércoles en las Cortes Valencianas, donde se abordó el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio sobre esta proposición de ley que, previsiblemente, no recibirá el voto favorable de ningún grupo de la oposición, pero saldrá igualmente hacia adelante.
Residuos aprovechables
Unides Podem celebró especialmente el consenso alcanzado en torno a una norma de la que vienen haciendo bandera. La diputada Beatriu Gascó se mostró emocionada y dijo que la armonización del texto nacional y el autonómico «lleva a nuestro territorio a cumplir los objetivos europeos, impulsando que la Generalitat inicie un cambio necesario para transformar residuos en recursos». La ley, según explican los morados, se presenta como una norma innovadora porque incide en la reutilización como pilar de los cambios disruptivos que se necesitan. Así, prevé que las administraciones públicas fomenten la creación y el desarrollo de un tejido comercial de venta de productos de segunda mano, reutilizados o reparados; el impulso de un tejido empresarial de reparación y reutilización de productos y otro de producción de envases de bebidas reutilizables, y la reintroducción en los comercios del sistema de bebidas de envases reutilizables. También apuesta por favorecer la oferta de productos a granel o la implantación de envases reutilizables comerciales e industriales.
Entre las medidas de prevención de residuos, otras novedades de la nueva ley es la implantación de sistemas de recogida puerta a puerta; de sistemas de devolución y retorno por incentivo económico para botellas de plástico de bebidas con una capacidad inferior a tres litros; la lucha contra el derroche alimentario y el fomento de su donación o de su espigueo en campo; o el seguimiento y la reducción de los residuos dispersos en el entorno natural, agrario o marino.
El diputado socialista David Calvo, por su parte, destacó que la norma permite «un cambio de paradigma por completo» que busca reducir el consumo, reutilizar y, como última medida, reciclar. Calvo puso el foco en el hecho de que, a través de este texto normativo en la nueva visión que se da a lo que hasta ahora estaban considerados residuos de la construcción, que deben pasar a entenderse como un conjunto de materiales que, en muchas ocasiones, se pueden reutilizar. Igualmente, destacó que las podas agrícolas seguirán siendo consideradas como restos, y no residuos, de forma que se sigue permitiendo a quema de desperdicios agrícolas.
Desde Compromís, Graciela Ferrer destacó que con esta norma se deja atrás una ley de hace más de 20 años que está obsoleta. «Se trata de avanzar en un compromiso fundamental en tiempos de cambio climático. No podemos continuar malgastando recursos, debemos utilizarlos de forma racional y austera», indicó.
Seguridad jurídica
Elisa Díaz, del PP, aseveró que es una ley que no tiene ningún tipo de seguridad jurídica ni informe de viabilidad económica. «No sabemos lo que va a costar la agencia valenciana de gestión de residuos», aseveró, rechazando que sea necesario crear nuevos organismos y, en definitiva, engordar la Administración.
Por parte de Cs, Eduardo del Pozo destacó que su grupo ha logrado introducir cuatro nuevos artículos a la ley para mejorar el tratamiento de residuos, pero, aún así, no apoyarán la aprobación de la norma «por sus evidentes deficiencias y numerosos defectos».
