División en el seno del Gobierno central a cuenta de la posible reforma de la ley del solo sí es sí y, también, división en el Consell. La responsable de Justicia, Gabriela Bravo, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca (Unides Podem), han puesto de manifiesto las diferencias que existen en el Ejecutivo valenciano a cuenta de las controvertidas rebajas de condenas que se están aplicando a varios agresores sexuales de menores a partir de la entrada en vigor de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente.
Bravo ha abierto la veda. La consellera y exvocal del Consejo General del Poder Judicial ha defendido este miércoles la necesidad de abrir una reflexión sobre si la mencionada ley está beneficiando a los violadores, pues, según ha dicho, "esta norma se supone que nace para proteger más a las víctimas y para penar a los agresores sexuales". La réplica a sus palabras no se ha hecho esperar. Illueca ha lanzado un dardo envenenado a su compañera de Gobierno, y ha dicho que:" Los responsables públicos debemos evitar generar alarma e inseguridad jurídica a las mujeres".
El concreto, la titular de Justicia ha señalado que el hecho de que violadores o agresores sexuales hayan conseguido obtener una rebaja de la pena prevista comparándola con la legislación anterior a la reforma ya fue alertado por los órganos consultivos, "que hicieron los correspondientes informes", pues "tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial alertaron de esta posible situación, es decir, que podía beneficiar a los violadores".
Según Bravo, la cuestión "pasa necesariamente por abrir una reflexión de si esto es así vistas las últimas sentencias dictadas, y si los déficits de la técnica legislativa llevan a los jueces a dar una interpretación para la que la norma no estaba prevista". "Esta norma se supone que no nace para beneficiar los violadores, sino para proteger más a las víctimas y para penar a los agresores sexuales, que no pueden salir beneficiados por una reforma como esta", ha añadido.
Resistencia a los avances
Por su parte, Illueca ha defendido el argumentario que vienen repitiendo hoy los morados. "Lo que hay es una resistencia feroz de un sector de la judicatura a los avances que se están produciendo en España en materia de igualdad". Ha añadido que si esos avances son propugnados por Podemos o Impulsados por el Ministerio de Igualdad la resistencia se hace más intensa".
Illueca ha dicho que "deberíamos pensar que la separación de poderes exige a los jueces que apliquen la norma conforme al espíritu y la voluntad del legislado". Ha añadido que los prejuicios machistas pueden estar influyendo, como ha advertido el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que advertía sobre los riesgos en esta materia. Por ello, ha pedido a los responsables públicos que sean conscientes de ello para evitar inseguridad jurídica a las mujeres.
Mientras tanto, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha reclamado al Gobierno central que se siente a estudiar, en colaboración con el poder judicial, si es necesario revisar la conocida como ley, pero que lo haga "sin ruido" y, sobre todo, "no aprovechando el momento para hacer partidismo".
Mas, en declaraciones a los medios, ha señalado al respecto que el Gobierno central debe "valorar si se debe modificar en alguna cuestión esta ley" ante la rebaja de penas a varios condenados por delitos sexuales a raíz de su entrada en vigor.
Así, ha apuntado que "como ocurre con todas las leyes, una vez se ponen en marcha hay que revisar los puntos fuertes y débiles y si esta cuestión se considera por parte del Gobierno central y del Poder judicial que es débil se deberán sentar y revisar".
En ese sentido, ha apuntado que cuando "hacemos leyes no tenemos la verdad absoluta" y ha recalcado que las leyes "no son fotos fijas". Por tanto, ha insistido en que una vez se pone en marcha el Gobierno central, junto al Poder judicial, debe "valorar y perfilar la mejor" ley.
Mas ha apuntado que ella no tiene competencias para poder valorar si es necesaria una reforma de la ley, sino que corresponde al Gobierno central y al poder judicial. "No es una cuestión para ir a hacienda partidismo o valoraciones laxas porque es un tema muy serio", ha apostillado.
