La Gürtel y el caso Taula sientan a Camps y Rus en el banquillo

Dos políticos y un mismo destino judicial a partir del 23 de enero. La casualidad ha querido que Francisco Camps y Alfonso Rus se sienten en el banquillo de los acusados a partir de mañana por dos causas relacionadas con su gestión al frente de la Generalitat y de la Diputación de Valencia. Dos vidas políticas que escriben su próximo capítulo en paralelo tras iniciarlo de la misma forma en 2004. Ese año Camps fue elegido presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Hasta que su primera imputación por la pieza de los trajes de la trama Gürtel lo obligara a dimitir el 20 de julio de 2011. El mismo año 2004 Rus era elegido presidente plenipotenciario de los populares en la provincia de Valencia hasta que una polémica grabación del caso Taula en la que supuestamente aparece contando billetes lo descabalgó de la política en 2015. Los dos barones afrontan la cita judicial de mañana reivindicando su inocencia.

Camps «inauguró» el primer juicio de los cinco que la trama Gürtel ha provocado en la Comunitat Valenciana. Y encabeza la delegación valenciana desplazada a la Audiencia Nacional para cerrar este círculo «gürteliano». Una historia que arrancó el 6 de febrero de 2009 que por ahora se ha cerrado con un saldo de tres condenas y media con 53 penados y seis absoluciones. Entre ellas la de Francisco Camps, que logró en 2012 que un jurado popular lo declarara «no culpable».

La metástasis de la Gürtel

Once años después la situación es muy distinta a cómo se afrontó aquel primer juicio de los trajes en el jurado popular del TSJCV.

La vista que abrió camino fue la que juzgó los 5,6 millones en contratos que la trama Gürtel obtuvo de la Conselleria de Turismo entre 2005 y 2008, de los que logró 1,9 millones en beneficios. Esta primera sentencia fue relevante porque confirmó que la Gürtel se introdujo en la Generalitat «hasta el punto de que se había producido un desembarco, una sustitución de la administración por las empresas» del grupo Francisco Correa. Y porque avaló la instrucción iniciada por Baltasar Garzón y validó las grabaciones del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que originaron la investigación policial en 2007 y judicial en 2009. Una decisión judicial «made in» Valencia, ratificada por el Tribunal Supremo. Y que allanó el camino al resto de piezas de la trama Gürtel valenciana y madrileña.

El Supremo también confirmó que la campaña electoral a la Generalitat que encabezó Camps en mayo de 2007 se hizo dopada con los 1,2 millones que se gastó Orange Market, con la ayuda de nueve contratistas condenados. Aunque el PP sólo declaró haberse gastado 175.000 euros. En este juicio Camps lo negó todo como testigo, pero la justicia condenó a sus escuderos Ricardo Costa y David Serra, que esquivaron la cárcel. La Audiencia Nacional también falló que la visita del papa facilitó 3,2 millones de mordidas en el contrato a la Gürtel por 7,4 para retransmitir la visita pontificia.

Así que la última pieza valenciana en juzgarse se afronta con once de los 26 acusados reconociendo los hechos y apuntando de quien recibían las órdenes.

El montaje inexplicado 7 años

El expresidente de la Diputación de Valencia aseguró la madrugada del 29 de enero de 2016, tras ser detenido por el caso Taula, que «todo es un montaje. Ya diré de quién». Siete años después sigue sin resolver el misterio. Tal vez pueda desvelarlo en su primer juicio del caso Taula (el segundo de esta macrocausa) de los cuatro que debe afrontar.

El caso comenzó a investigarse por la Fiscalía en julio de 2014, pero estalló el 26 de enero de 2016. Casi siete años después, de las doce piezas separadas del caso Taula sólo se ha juzgado una, la de Thematica Events, de la que aún se desconoce la sentencia.

La segunda vista, la de los contratos zombis, sentará mañana en el banquillo de los acusados a veintiséis personas por el clientelismo político en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa. A Rus lo acompañan sus dos fieles escuderos, Emilio Llopis (su jefe de gabinete y exalcalde de Genovés) y Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación. Además de su alter ego socialista, el portavoz del PSPV en la institución provincial, Rafael Rubio. Y con el yonqui del dinero, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, arrepentido de arrepentirse, y aliado con Rus para intentar tumbar la causa mediante alegaciones de nulidad. Dos juicios que empiezan a escribir, junto al caso Erial que juzgará a Zaplana, de epílogo a los veinte años de dominio popular en la política valenciana.