El Consell suprimirá hasta diez agencias y fundaciones públicas inactivas o en fase de extinción

El plan de adelgazamiento del entramado de empresas dependientes de la Generalitat anunciado por el Gobierno liderado por Carlos Mazón empieza a tomar forma, aunque sea en su fase inicial. Y es que el Consell tiene previsto suprimir hasta diez agencias y fundaciones públicas que en la actualidad se encuentran inactivas o en proceso de extinción, en lo que supone el pistoletazo de salida a una actuación más ambiciosa, que, previsiblemente, traerá consigo reajustes de mayor o menor entidad en las entidades que se encuentran en funcionamiento. Todo ello, según se ha venido defendiendo desde el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de reducir gasto y conseguir una mayor eficiencia de los recursos.

Fue una de las principales promesas de Carlos Mazón durante la campaña electoral, junto a la de la de rebajas de impuestos, la simplificación burocrática y la construcción de hasta 10.000 viviendas de protección oficial. El adelgazamiento del sector público instrumental era una de las cuestiones que tenía metida entre ceja y ceja, y el motivo por el que todas las empresas y fundaciones están sometidas en la actualidad a revisión para concretar si continúan operando, si se reestructuran o si directamente desaparecen para que sus funciones sean asumidas por determinadas direcciones generales.

Y este proceso, del que hasta el momento se habían ofrecido pocas pistas, va a iniciarse en breve con la supresión de una serie de organismos que permanecen inoperativos. Según han explicado fuentes de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, la medida va a afectar a cinco agencias, todas ellas creadas por el anterior Ejecutivo del Botànic, que en estos momentos no tienen actividad. 

Recorte de 150 millones en las empresas públicas sin eliminar ningún ente

Se trata, en primer lugar, de la Agencia Valenciana de la Energía (AVE), una escisión del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) que se concibió como una entidad especializada destinada a conseguir la transformación del actual modelo energético. Junto a ella también figura la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad de la Generalitat (ADiC), que tenía que haber tenido como objeto el diseño y la ejecución de medidas para mejorar los niveles de transformación digital y ciberseguridad de la propia Generalitat.

La tercera en discordia es la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario, promovida dentro de las medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica por la guerra de Ucrania; y la cuarta, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, para la gestión de residuos con esta finalidad. Cierra el listado la Agencia Valenciana de Cambio Climático, para la realización de actividades prestacionales y de fomento. A estas cinco hay que añadir la Escuela Valenciana de Administración Pública (Evap), inactiva hasta el pasado 8 de marzo, pero que ahora se pretende eliminar para que sus funciones las ejerza la Dirección General de Función Pública.

Junto a estos organismos, el Consell también va a finiquitar de forma definitiva cuatro fundaciones en fase de extinción. Es el caso de la Fundación la Luz de las Imágenes, pendiente de la ratificación de la liquidación y baja registral; la Fundación de las Artes, a expensas de la cancelación de la cuenta acreedora con la Generalitat por importe de 25,8 millones de euros; la Fundación Jaume I El Just, pendiente del inventario de bienes y también de la cancelación de la cuenta acreedora, en este caso por 12,1 millones de euros; y la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana, a expensas de la elaboración del balance de liquidación.

Desde la Conselleria de Hacienda se le reprocha al anterior Ejecutivo autonómico que no solo no atendiera el mandato de extinción de estas entidades, sino que procediera a crear otras nuevas.