Una memoria truncada

Truncar la memoria y reabrir heridas del pasado que deberían estar ya cerradas. Estos son dos de los grandes riesgos que conlleva la llamada ley de Concordia que el Partido Popular y Vox están impulsando en las Cortes Valencianas, siguiendo la estela de los que se está haciendo en Aragón y Castilla y León. Así lo consideran historiadores y expertos en materia de apoyo a los represaliados consultados por este diario, que encuentran muchos más puntos negativos en la medida legislativa que está llevando a cabo el Gobierno autonómico, como el hecho de que se equipare a las víctimas de la represión franquista con las del terrorismo de ETA o el islamista, lo que se define como un «disparate» a ojos de la opinión internacional. 

«Eliminar la actual ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana es una barbaridad, un movimiento inútil que solo tiene una justificación de carácter partidista», afirma el catedrático emérito de la Universidad de Alicante (UA) Emilio La Parra, en alusión a la intención del PP y Vox de derogar la ley de 2017 del gobierno del Botànic. La Parra considera que la derecha y la ultraderecha buscan «hostigar» las políticas de izquierda a toda costa y desde todos los ángulos posibles. Y para ello, sostiene, han encontrado un filón a través de la eliminación de todo lo referente a la memoria democrática.

El catedrático emérito de la UA también ve en este movimiento una defensa a ultranza del franquismo. «No tenemos que olvidar que el PP proviene de ahí y que es lo que define a Vox». Ante todo esto, lamenta que la sociedad «pierda el mantenimiento o la herencia democrática de tiempos pasados, imponiéndose una visión claramente favorable al franquismo». Al igual que la mayor parte de los expertos consultados por este diario, La Parra también lamenta que la ley de Concordia carezca de base científica, por lo que «no se respeta la verdad histórica y se va en contra de lo que dicen los historiadores más serios». 

Por último, La Parra considera que leyes de memoria como la de la Comunidad Valenciana o las que se han impulsado a nivel estatal, tanto de la etapa del Gobierno de Zapatero como la actual, de 2022, consiguen sus objetivos en el largo plazo. Por lo tanto, cortar ahora la norma autonómica para sustituirla por la que el PP y Vox han bautizado como de Concordia supondría echar abajo los avances que se han empezado a conseguir, como los relacionados con la exhumación de las fosas.

Directrices europeas

Exrector de la Universidad de València (UV), y profesor emérito del departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Pedro Ruiz Torres detecta un «retroceso muy grande» en el proyecto de ley de Concordia. Considera que su pretensión de «honrar y proteger la historia de España», sin cuestionar «la legitimidad de todos los regímenes que forman parte sin excepción de la historia patria», va en sentido contrario de las resoluciones del parlamento europeo y de las Naciones Unidas. Estas resoluciones insisten en mantener viva la memoria de las víctimas de los regímenes dictatoriales o totalitarios y ese es el caso en España de las víctimas de la represión franquista. 

«Proteger la historia española es un despropósito, es imposible hacerlo con lo que ha sucedido y por tanto honrar la historia de España, menos todavía si se trata de un periodo dramático y convulso. Lo que hay que hacer es tratar de explicar y entender lo que pasó, para que no vuelva a suceder. Lo llevan haciendo los historiadores desde hace mucho tiempo y ninguno, con un mínimo de competencia profesional, equipararía la Segunda República con el franquismo o éste con la etapa de democracia posterior», prosigue.

 A continuación, apostilla que «lo más negativo es reabrir viejas heridas», ya que «la ley de Memoria Democrática iba en buena dirección para honrar a las víctimas y reconocer que muchas habían sido olvidadas. Ahora se pretende imponer el relato de que todos los regímenes son iguales porque forman parte de la historia de España. Me parece un disparate como historiador y como ciudadano». Ruiz Torres defiende el legado de la Segunda República y rechaza que viniera en 1931 de un golpe de estado, «como se manifestó en la comparecencia con la prensa en la que el PP y Vox dieron a conocer su proyecto».

El hecho de que se «diluya» el terrorismo con la Segunda República es uno de los aspectos de la ley de Concordia con los que más crítico se muestra el doctor en Historia Contemporánea Francisco Moreno, que considera que «Vox actúa en este terreno como lo hace con la violencia machista». Por lo tanto, aprecia una «vuelta atrás» es aspectos como los de «la recuperación de los cuerpos que no estaban debidamente enterrados». En este sentido se pregunta qué va a pasar con el edificio de Sanidad del puerto de Alicante, en el que el Botànic estaba poniendo en marcha el Instituto de la Memoria Democrática, tras recibir las llaves del inmueble hace un par de años.

Siguiendo con la idea del proyecto del Instituto de Memoria Democrática, Moreno califica como «magnífico» el trabajo que llevó a cabo en este terreno el anterior Gobierno autonómico. En cambio, ahora cree que se está «lanzando un manto de falsa historia sobre unos hechos ciertos», ya que «ningún historiador de una universidad española o extranjera sostiene las teorías que están propagando el PP y Vox». Sobre la relación de ambos partidos apunta que si los populares no hubieran necesitado a los voxistas para gobernar «no habrían tocado la ley de Memoria Democrática, aunque la hubieran dejado vacía de contenido».

Retroceso

También habla de un «retroceso enorme» el coordinador del área de Historia Contemporánea de la UV, Toni Morant, que celebra que «al menos esté el paraguas de la ley estatal». En este punto cabe recordar que el Gobierno central ha anunciado esta semana que incluirá en esta norma todo lo que sea borrado por el PP y Vox, al mismo tiempo que ha lamentado que los populares estén «entregados» a los ultras y que equiparen la dictadura franquista con la Segunda República. Volviendo a la visión que comparte Morant, el experto cree que «se va a aumentar el sufrimiento de familias que, casi noventa años después de que acabara la Guerra Civil, no saben dónde están sus antepasados».

Una cuestión que igualmente le chirría mucho a Morant es que se hable de concordia para dar nombre a esta ley. «No es algo que se haga de conformidad, de común acuerdo ni de consentimiento. Alguno debería revisar la RAE». El experto también alude a que las Naciones Unidas hacen referencia a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, una serie de aspectos que ahora caerán en el olvido a través de la ley que se proyecta en las Cortes Valencianas.

Legado del Botànic

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica reivindica el legado del Botànic. Así lo hace uno de sus integrantes, Vicente Carrasco, que destaca que la ley de la Comunidad Valenciana de 2017 dio pasos decisivos para poner en valor lo que significan los lugares de la memoria o para la desaparición de los símbolos franquistas. «Ahora se pretende reivindicar la dictadura como un régimen más, retrotrayendo la historia hasta 1931 y haciendo un totum revolutum con el terrorismo», lamenta.

Como otros de los expertos consultados por este diario, Carrasco censura que se haga «una manipulación de las verdades científicas a través de declaraciones políticas», porque cree que «no es el camino poner en duda lo que señalan los textos y las universidades». Por esto considera que la ley del PP y Vox «contribuye a una ceremonia de la confusión» y supone una «privación del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que tienen los familiares de las víctimas».

El último en tomar la palabra es el historiador de la UV Antonio Laguna, que considera que «es una paradoja que los partidos nacionalistas españoles pretendan eliminar el poder estatal e imponer el autonómico». Para Laguna el hecho de que la norma retroceda hasta 1931 también genera confusión. «No hay ninguna justificación histórica, porque en 1931 se estaba construyendo una democracia», apostilla antes de destacar la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos como uno de los grandes hitos de la memoria democrática.