Compromís recurre al TSJ para paralizar el decreto de admisión escolar del Consell

La Diputación de Alicante fue el escenario elegido este jueves por Compromís para dar a conocer que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunidad Valenciana en el que solicita la paralización cautelar del decreto de libertad de elección del centro educativo, conocido como de «distrito único», impulsado por el Consell que forman el Partido Popular y Vox. El decreto regula el proceso de admisión en los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas en la Comunidad Valenciana.

El anuncio del recurso de Compromís ante el TSJ fue dado a conocer por el síndic en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví; el diputado autonómico Gerard Fullana, el portavoz en la Diputación, Ximo Perles; la edil alicantina Sara Llobell y la portavoz municipal en Elche, Esther Díez. Los representantes de la coalición valencianista coincidieron a la hora de calificar como «decreto ideológico» de la derecha y la extrema derecha el proyecto educativo que han impulsado el PP y y la formación ultra.

Otro de los argumentos que se emplearon para expresar el rechazo al decreto del Consell es que consideran que creará «escuelas de primera y de segunda». El diputado Fullana, responsable del área de Educación dentro del grupo de Compromís en el Parlamento autonómico, fue un paso más allá y manifestó: «Supone una persecución a la inmigración y es racista. Lo que pretenden tanto el PP como Vox es segregar por elementos raciales».

Desde la formación valencianista se calificó el decreto de admisión escolar de la Generalitat como «ilegal y segregador». Ante ello, Baldoví manifestó: «Tenemos razones de peso para acompañar a la comunidad educativa valenciana y luchar para derogar una normativa que promueve escuelas y alumnos de primera y de segunda, como si la educación fuera una competición». De la misma forma, Compromís acusó a la Generalitat de «no escuchar» a la comunidad educativa y de promover «una normativa que mercantiliza la educación y que denigra la red de la enseñanza pública en pro del negocio de la concertada». Frente a estos hechos que denuncian, sostienen que no se quedarán «de brazos cruzados».

Recursos

En contra de la inacción, Compromís se marca una hoja de ruta que pasa por recurrir en los tribunales para paralizar una actuación que Baldoví consideró que tiene «demasiado de conveniencia ideológica propia de la extrema derecha y nada para asegurar una red de centros educativos donde todos tengan los recursos que haga falta para asegurar una calidad educativa óptima y una buena atención personalizada al alumnado». Por su parte, Fullana, que regresó a la Diputación, en la que los últimos años había sido el portavoz de los valencianistas, aseguró que el objetivo es recurrir el decreto del Gobierno autonómico por el presunto incumplimiento del artículo 84.3 de la ley educativa estatal que establece la proximidad como elemento fundamental a la hora de elegir escuela. 

En cuanto al cobro de cuotas por parte de los centros concertados a las familias, Fullana sostuvo que estos espacios educativos «tienen que garantizar la gratuidad universal de la enseñanza, como cualquier centro público». De la misma manera, el diputado autonómico acusó a la Conselleria de Educación de «trabajar en la más absoluta opacidad» y con unos tiempos que «alteran» el funcionamiento normalizado de gestiones que tienen que hacer miles de familias, como la de matricular a sus hijos en las escuelas. «Tememos que esa opacidad tenga como consecuencia más alumnos por clase y el recorte del profesorado para el curso que viene», finalizó el propio Fullana.

Las concejalas de Compromís en los ayuntamientos de Alicante y Elche, Sara Llobell y Esther Díez, subrayaron por su parte que el distrito único promoverá la «cronificación de guetos» y «las barriadas en lugar de barrios» en las dos ciudades más pobladas de la provincia. Por lo tanto, se sumaron a la petición de sus compañeros de pedirle al Consell la eliminación del mencionado decreto.