En el ordenamiento español, los trasvases se sustentan en el principio de que el agua es un recurso natural escaso que pertenece al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, debe ser, en principio, repartido equitativamente entre todos. El Estado, como titular del dominio público de las aguas, tiene la competencia de planificar la utilización del recurso, cuya aplicación debe perseguir un beneficio que redunde en toda la sociedad.
No fue casual que el primer trasvase intercuencas de la península Ibérica tuviese como destinatario de los caudales las tierras del Levante. El trasvase Tajo-Segura debe ser contextualizado en un medio donde la escasez permanente de recursos hídricos se conjuga con la capacidad que estos tienen para crear riqueza. Se trataba de aplicar los recursos a promover una agricultura de exportación con elevados rendimientos y el desarrollo del sector turístico ligado al litoral mediterráneo.
Fue Manuel Lorenzo Pardo, como director del recién creado Centro de Estudios Hidrográficos, el primer defensor de la necesidad de realizar un trasvase intercuencas como un objetivo viable para solucionar los problemas derivados del déficit hídrico que padecía la zona de Levante, y así quedó recogido en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas (PNOH) de 1933. En la «Exposición General del Plan», Lorenzo Pardo realizó una presentación de los argumentos que justificaban la construcción de un trasvase para remediar la situación que padecía el Levante. Comenzó aludiendo a la existencia de desequilibrios hidrológicos entre las diferentes cuencas peninsulares y caracterizando a la del Sureste como la que presentaba «mayor penuria»; a continuación pasa a enumerar el conjunto de factores que convertían a estas tierras en las adecuadas receptoras de las aguas del Tajo, entre ellos: la concurrencia de condiciones edafoclimáticas muy favorables para el desarrollo de una agricultura muy competitiva, sobre todo de cara al comercio exterior, lo que no ocurría en otras zonas; a lo que había que sumar el hecho de que en la «zona mediterránea se conservan los usos más antiguos, las tradiciones más vivas, las instituciones de riego más firmes, las prácticas más sabias y la mayor y más generalizada experiencia». Lorenzo Pardo explicitó ante los regantes levantinos las ideas que se estaban estudiando en una asamblea celebrada el día 26 de febrero de 1933 en Alicante. Argumentó: «El Vinalopó, el Segura y algunas ramblas intermedias son corrientes prácticamente agotadas, y el Almanzora un río económicamente inexistente. Hay pues en la zona valenciana un problema de regulación y ordenación; en la alicantina y murciana una necesidad de ayuda; en la andaluza una imperiosidad de socorro. El sometimiento a la tradición mantendría en Valencia, el desorden, en sus nuevos regadíos posibles, incluso la escasez; en Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Lorca, la penuria; en el Almanzora, la miseria».
La relación entre trasvase y comercio exterior de productos agrícolas de regadío será una constante en la historia del trasvase Tajo-Segura, ya que será en este punto donde se haga recaer el carácter nacional de esta empresa hidráulica, por las previsibles consecuencias que tendría sobre la balanza comercial española al provocar un aumento de las exportaciones agrícolas, que no en vano constituían uno de los principales capítulos de ingresos de divisas de la economía nacional. El ministro socialista Indalecio Prieto decía que con el Trasvase: «Nosotros vamos a acabar con las luchas, las peleas, con las pugnas y con las riñas facilitando agua a todos». La construcción del Acueducto Tajo-Segura, casi medio siglo más tarde, sirvió para solucionar muchos problemas, pero no para acabar con los enfrentamientos ocasionados por el control del agua, tal como estamos viviendo en estos momentos, que desde el MITECO se pretende recortar sustancialmente los caudales procedentes del Tajo.
Fueron premonitorias las palabras pronunciadas por Indalecio Prieto en la sala Monumental de Alicante: «Esta [refiriéndose al trasvase] no es obra a realizar en el período brevísimo de días, ni de meses; es obra de años, para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes estén en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano y, oídlo bien, de quienes estén en contra de él; porque quienes por patrocinar el régimen republicano una empresa de esta naturaleza le negaran su asistencia y su auxilio, serían, no enemigos del régimen, sino unos miserables traidores a España (...). Esta no es una obra ni de un hombre, ni de un Gobierno. Quiero decir más. Aunque quepa al señor Lorenzo Pardo la gran satisfacción de ser su progenitor, él no puede llegar en su ambición a suponer que será el realizador total de la empresa».
La inestabilidad política de los años siguientes y el estallido de la Guerra Civil dejaron en suspenso toda actividad relacionada con la realización del trasvase.
El Plan General de Obras Públicas de 1940 estuvo en vigor durante dos décadas y, durante estos años, la política hidráulica, siguiendo las directrices contenidas en él, se limitó a plantear obras que tenían como finalidad conseguir el aprovechamiento de los recursos propios de cada cuenca. A medida que se abandonaban los objetivos autárquicos que habían sustentado la primera política económica franquista y se iniciaba una línea de mayor apertura y liberalización económica; el Programa Nacional de Ordenación de Inversiones, elaborado en 1959, consideraba prioritario reanudar las inversiones que propiciasen la creación de nuevos regadíos en Levante, ya que con ello se conseguirían mayores producciones para el mercado interior y, lo que era más importante, mayores excedentes exportables.
Un espaldarazo definitivo vino con la obra de Manuel de Torres El regadío murciano, problema nacional (1959), en él se recogía que la zona de Levante se configuraba como el marco ideal para llevar a cabo la ampliación de la superficie de riego y el trasvase se presentaba no como una cuestión regional, sino como un proyecto que superaba el marco local convirtiéndose en un objetivo nacional. En adelante, los argumentos de la mayor productividad de las tierras levantinas, la mayor rentabilidad de las inversiones realizadas en esta zona y las repercusiones positivas sobre la balanza comercial y, por ende, sobre el conjunto de la economía española serán retomados para defender la ejecución de las obras del trasvase y su viabilidad.
En la década de los sesenta, el Centro Estudios Hidrográficos finalizó el Inventario de Recursos Hidráulicos, un documento de una importancia fundamental, ya que en él se basaría la planificación hidráulica de las décadas siguientes.
El Director General de Obras Hidráulicas, Virgilio Oñate, en 1966 afirmó: «El Trasvase se hará por su interés, pero se tardará tiempo», continuaba refiriéndose a que la opción elegida era el plan de Lorenzo Pardo, y reconocía que «en 1967, el ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, en Murcia exponía: «Porque no se trata de quitar el agua a nadie, sino de llevarla allí donde es más productiva, a la vez que conseguimos una perfecta distribución de todos nuestros recursos hidráulicos (...). Pero no sólo es esta una empresa de solidaridad nacional. Es una gran empresa de justicia social».
El 26 de febrero de 1968 se hizo público el Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España, del que formaba parte el Anteproyecto General del Acueducto Tajo-Segura, que fue realizado por José Mª Martín Mendiluce y José Mª Pliego Gutiérrez. La aprobación de la Ley de 1971 marcó un hito importantísimo, la fundamentación jurídica básica de esta norma residía en la titularidad estatal sobre las aguas de dominio público, que confería al Estado la capacidad para ordenar y fijar el destino de los recursos.
