El Defensor del Pueblo cifra en unas 400.000 personas las víctimas de la pederastia en la Iglesia

Después de años de opacidad y encubrimiento, España cuenta al fin con el primer informe que arroja luz sobre los casos de pederastia en la Iglesia. El Defensor del Pueblo ha hecho público el informe en el que una comisión independiente ha trabajado durante 15 meses. La investigación no ofrece cifras concretas de víctimas o de acusados, como sí han dado otros países, pero contiene una encuesta destinada a desvelar la dimensión de los abusos sexuales en España.

El estudio demoscópico, el primero desde 1994, indica que el 11,7% de los españoles han sufrido agresiones sexuales en su infancia, el 1,13% en el ámbito religioso (en cualquier institución relacionada con la iglesia, aunque el agresor fuera seglar) y un 0,6% por parte de un un sacerdote o religioso. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, se ha negado a "extrapolar" los datos e incluso ha animado a la prensa a que no lo hiciera pero para comparar la dimensión con la de otros países no queda más remedio.

Y el resultado es que en torno 400.000 personas han sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y unas 240.000 personas han sido agredidas directamente por un sacerdote o religioso, lo que convierte a España en el país con una proyección oficial más alta. En Francia, donde se utilizó una metodología similar, los cálculos fueron de 216.000 menores agredidos por religiosos y 330.000 teniendo en cuenta a los laicos que trabajaron en instituciones religiosas.

Los testimonios

Por otro lado, la oficina del Defensor del Pueblo, que creó una Comisión Asesora, compuesta por expertos externos, y una unidad de atención a las víctimas y abrió un buzón para la recepción de testimonios, ha recabado el testimonio de 487 víctimas, el 84% de ellos hombres.

Sus testimonios ocupan unas 100 páginas de las 700 que contiene el informe y en ellas se da cuenta de que un tercio de las víctimas han sufrido, debido a las violaciones en la más tierna infancia, estrés postraumático. Asimismo, muchos han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y han intentado suicidarse. "Los testimonios revelan un impacto devastador en sus vidas", ha destacado Gabilondo.

El Defensor del Pueblo ha defendido que no haya una "estimación de las víctimas" a partir de los testimonios recogidos porque "supondría pasar por alto el silencio de muchas de ellas e ignorar que otras han desaparecido".

El papel de la Iglesia

No obstante, a partir de estos testimonios y de las reuniones con las asociaciones de víctimas, el informe denuncia que la respuesta de la Iglesia católica se ha caracterizado, durante mucho tiempo, por la negación o la minimización del problema.

El documento revela que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación por parte de las autoridades eclesiásticas, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos.

Asimismo, el trabajo señala que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de delitos muy graves. Y que solo una pequeña parte de los agresores, la mayoría hombres, han sido juzgados.

Las recomendaciones

A su vez, el Informe propone una veintena de recomendaciones, como celebrar un acto de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas. Reclama a su vez la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación, dado que muchas víctimas no se han atrevido a denunciar en los tribunales y, de las que lo han hecho, muchos casos han prescrito.

El defensor propone además reformas normativas para la aclaración, reparación de lo sucedido y para prevenir hechos similares. Pide a la Iglesia que ponga los medios necesarios para ayudar, ofreciendo tratamiento a las víctimas o sus familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

No se trata del único balance que se hará público sobre este problema, dado que la Conferencia Episcopal no ha confiado en el informe del Defensor y ha contratado a un bufete de abogados para que realice su propia investigación. Este análisis se conocerá, previsiblemente, a finales de año.

La opinión de las víctimas

La investigación del Defensor deja mal sabor de boca a algunas víctimas. Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat y activista, asegura que su calidad es "pésima" en comparación con el trabajo realizado por otros países porque como ya advirtieron las asociaciones, el "único modelo eficaz es una comisión de la verdad con poder coercitivo".

Hurtado critica que no se haya investigado "el encubrimiento" por parte de la jerarquía y que el informe no solicite la imprescriptibilidad de estos delitos. "No garantiza los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es una oportunidad de oro perdida".