Según informó la Benemérita en un comunicado, la organización fletaba embarcaciones con inmigrantes con destino a costas peninsulares, principalmente por las costas de Cádiz, ocupantes a los que después vendían contratos de trabajo con los que confeccionaban dossieres que presentaban ante la Administración en solicitud de permisos de residencia y trabajo en España.

Como resultado de la Operación 'Balisa' iniciada en 2007, la Guardia Civil procedió a la detención de un total de doce personas de nacionalidades española y marroquí, que han sido acusados de los delitos de estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, siendo además tres de los detenidos acusados de un delito contra la libertad --relativos a la prostitución--.

Durante la operación, el Instituto Armando practicó diez registros domiciliarios en distintos puntos de las provincias de Almería y Málaga, en las que fueron incautados numerosos documentos, material informático, dinero y pruebas incriminatorias de la actividad ilegal investigada.

El 'modus operandi' era que una parte de la organización, previo pago convenido, captaba y reclutaba en Marruecos a inmigrantes que introducían en la península, mediante embarcaciones neumáticas y, una vez en España, los inmigrantes --entre los que se encontraban menores de edad-- eran trasladados a otras provincias, donde otra parte del grupo integrante de la red les facilitan documentos falsos o falsificados para presentar las solicitudes de residencia.

Por las documentaciones recibidas, fueron abonadas a la organización cantidades que oscilaban entre 150 y 350 euros, según el tipo de documento facilitado. Entre estos documentos, eran vendidos contratos de trabajo, a través de varios empresarios de empresas instrumentales de escasa actividad, por importes de entre 800 a 1.000 euros.

CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO.

Otro procedimiento también utilizado por la organización para introducir inmigrantes de forma "fraudulenta", era la contratación en origen, a través del denominado catálogo de puestos de trabajo de difícil ocupación, debiendo abonar por ello unas elevadas cantidades dinerarias previamente convenidas e incluso mediante matrimonios de conveniencia, utilizando para ello documentaciones falsificadas.

Tras la investigación, los efectivos descubrieron que tres miembros de la red habían obligado a prostituirse en un club de alterne de Alicante al menos a una inmigrante en situación ilegal en España, como condición indispensable para que ésta pudiera hacer efectivo parte del pago acordado por la documentación falsa que le permitiera conseguir la residencia legal.

De un primer análisis de la documentación intervenida, la Guardia Civil constató que la organización vendía docuentos a los inmigrantes que eran confeccionados con medios informáticos, reproduciendo documentos originales como certificados de empadronamiento, certificados de consultas médicas o contratos de trabajo.

Asimismo, del estudio realizado por los agentes sobre el "gran volumen" de documentación y efectos intervenidos, se podría cuantificar aproximadamente que las actividades de la organización delictiva ha facilitado la presentación fraudulenta de más de 200 expedientes de extranjeros.

De los doce detenidos, entre los que se encuentran cuatro mujeres, ocho han ingresado en prisión por orden judicial, quedando los cuatro restantes en libertad con cargos. Algunos de los detenidos ya contaban con antecedentes por tráfico ilegal de inmigrantes, así como por tráfico de drogas, estando uno de ellos requisitoriado desde 2005, por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-León.

La investigación ha permitido detectar, en Cataluña y provincias del levante peninsular, actividades de intermediarios entre la organización e inmigrantes en situación irregular ya en España, por lo que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.