Un juez había pedido la incapacitación de Anna M. P., la mujer sospechosa de provocar la explosión en Barcelona que el lunes provocó la muerte de tres personas y heridas de diversa consideración en otras ocho.
Desde el pasado mes de octubre el juez detectó una discapacidad psíquica en la mujer y pidió que fuera incapacitada legalmente porque no estaba en plenas facultades mentales, según informó ayer la Cadena Ser.
Fue durante la tramitación de un procedimiento judicial civil contra esta mujer cuando el juez intuyó que tenía aparentemente una discapacidad psíquica severa. Lo puso en conocimiento de la Fiscalía para que iniciara un procedimiento de incapacitación de la mujer. La Fiscalía abrió diligencias a finales del mes de octubre para valorar el estado psíquico de esta mujer. Pidió a un psiquiatra que citara a la mujer para evaluarla. El médico lo hizo en repetidas ocasiones pero la mujer no se presentó.
Finalmente la fiscal consiguió contactar con ella por teléfono, pero colgó sin atender a razones, así que la evaluación psiquiátrica y el proceso de incapacitación no se pudo llevar a cabo. Según el abogado que tramitaba su proceso de desahucio, Francisco Bueno, la mujer padecía un síndrome de obsesión mayor y cobraba una pensión no contributiva de 300 euros al mes, añadiendo que estaba "desamparada".
