Así lo explicó hoy en Albacete el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, quien precisó que la red trabajaba a través de la empresa 'Agromar Trading, S.L.', constituida en mayo de 2006 en un domicilio ficticio de Albacete.
Entre los detenidos figura J.L.M.M., español, de 52 años, administrador de la mencionada empresa que funcionaba como tapadera, con antecedentes policiales por estafa.
Los otros cuatro detenidos son A.Z., de 37 años; C.E.A., de 42 años; A.E.M., de 28 años y G.B.D., de 44, todos extranjeros.
Las investigaciones policiales se iniciaron tras la presentación en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno en Albacete de solicitudes de residencia cuyos sellos de entrada habían sido escaneados y que incluían, en todos los casos, una oferta de trabajo de la empresa Agromar Trading.
Las indagaciones continuaron en la provincia de Murcia al detectarse la existencia de una trama de venta de ofertas de trabajo por las que se pagaba entre 700 y 1.500 euros y que tenían su origen en Cartagena, logrando identificar a la mujer que actuaba como intermediaria.
El administrador de la empresa fantasma, J.L.M.M., también aparecía como gerente o apoderado de otra serie de empresas de servicios agrícolas asesorías o construcción con sede en Cartagena y con una deuda global a la Seguridad Social de 908.710 euros.
Pese a la escasa actividad laboral de estas empresas, en la Oficina de Extranjería de Murcia se comprueba que se han presentado un buen número de solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo utilizando para ello la cobertura legal de las empresas tapadera.
El objetivo de J.L.M.M. era la captación de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España a los que se pedía una importante cantidad de dinero a cambio de la oferta de trabajo.
Según la Subdelegación de Albacete, ninguno de estos trabajadores ha estado empleado en la empresa Agromar Trading, muchos de ellos no saben dónde está ubicada ni a qué se dedica y alguno de ellos no sabe ni el nombre de la misma.
Alguno de los afectados ha reconocido fotográficamente al empresario puesto que una copia de su DNI aparecía entre las ofertas de contrato obtenidas fraudulentamente.
