Más de 800 mujeres que han denunciado en la provincia haber sido víctimas de la violencia de género -el 12% de los 8.000 casos registrados- no han mantenido la acusación en el juicio y por tanto la absolución de los agresores es automática si no hay testigos o partes de médicos de lesiones. En estos casos la decisión de la mujer no suele tener consecuencias graves, pero tristemente hay situaciones con un trágico final, como la ocurrida en Alicante con la muerte de la joven Ioana, cuyo asesino confeso fue absuelto días antes.
A raíz de este nuevo crimen, el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, ha remitido esta semana al Ministerio de Justicia una propuesta para aumentar la protección de las mujeres maltratadas, donde plantea una reforma legal que acabe con los problemas que conlleva el cambio de postura de las víctimas de malos tratos que al final optan por no declarar contra sus parejas o ex parejas. En un informe de veinte folios, Magro plantea que la primera declaración de una víctima de malos tratos en el juzgado de Violencia sobre la Mujer se considere como prueba preconstituida, lo que permitirá mantener la acusación en el juicio aunque la denunciante se acoja a su derecho a no declarar contra el procesado. Además evitará que la mujer tenga que acudir al juicio y la víctima sabrá que cuando ponga la denuncia solo tendrá que declarar una vez ante el juez.
Esta prueba preconstituida viene recogida en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), donde se prevé esta posibilidad cuando no puede practicarse en el juicio porque los testigos o víctimas residen en el extranjero o por otro motivo.
El presidente de la Audiencia considera necesario acabar con la reiteración de las declaraciones de las víctimas, que comparecen primero ante la Policía o la Guardia Civil, luego en el juzgado instructor y finalmente en el juicio. La admisión de la primera declaración como prueba preconstituida es una "vía hábil" para evitar que las mujeres tengan que incrementar su sufrimiento y "tengan que volver a someterse al yugo psicológico de responder a las preguntas que ya se le hicieron varias veces en la declaración policial y más tarde ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer", destaca Magro en su propuesta.
Esta medida, según el presidente de la Audiencia evitará "la polémica sobre la postulada reforma del artículo 416 de la Lecrim acerca de si estas víctimas tienen, o no, derecho a ampararse en la negativa a declarar, ya que al darle valor de prueba a la declaración de la fase de instrucción no será preciso someterlas" a este problema. Actualmente no se permite leer en el juicio las primeras declaraciones de las víctimas cuando las mujeres se niegan a declarar. Según la propuesta, también se evitará crear la duda sobre la veracidad de muchas denuncias de mujeres.
Ioana Elisabeta, la joven rumana de 28 años asesinada por su pareja el pasado lunes en Alicante, retiró la acusación el día antes del juicio a su pareja por amenazas y lesiones y en la vista oral se limitó a guardar silencio. El marido, con el que estaba tramitando la separación, le prometió que la dejaría en paz y Ioana recibió además otras presiones externas para no declarar contra Lucian Manuel Cosma. Apenas dos semanas después la mató a puñaladas tras una discusión por celos.
En la provincia de Alicante, al igual que Ioana, 400 mujeres extranjeras retiraron sus denuncias el año pasado para impedir continuar con los procesos judiciales, lo que supuso prácticamente la mitad del total de denuncias retiradas en todos los partidos judiciales alicantinos. En localidades como Benidorm, Orihuela y Denia -con un alto porcentaje de residentes extranjeros-, el número de denuncias con las que no se siguió por voluntad de la propia víctima fue, incluso, mayor que las retiradas por mujeres alicantinas. En Benidorm, de las 124 denuncias paralizadas, 70 correspondieron a mujeres de otros países. En Orihuela, de un total de 73, más de la mitad se bloquearon por voluntad de extranjeras, mientras que en Denia, de un total de 182 denuncias retiradas, 103 lo fueron a instancias de este colectivo. Expertos en malos tratos achacan estas cifras a las presiones recibidas por los familiares, a la lástima que la víctima llega a sentir por su agresor y, especialmente en el caso de las extranjeras, al miedo a quedarse solas.
La memoria de 2011 del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género revela que la Comunidad Valenciana, con 18.540 expedientes, fue la tercera autonomía en 2011 que más denuncias por violencia machista registró, por detrás de Andalucía (27.727) y Madrid (20.708). El número de denuncias registradas en España se mantuvo estable en 134.002 casos, con una media diaria de 367 denuncias por violencia de género, una menos que en 2010.
