«Si no acusamos a los generales, no podemos acusar a los soldados». Con esta expresiva frase, resumía ayer el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, su postura en el caso Mercalicante durante su informe final en el juicio por el desfalco en la empresa mixta, cifrado en cerca de seis millones de euros. A su juicio, no se puede responsabilizar sólo al exgerente José Emilio Clavero de los desmanes que provocaron el agujero contable no se puede responsabilizar sólo al exgerente José Emilio Clavero y junto a él se deberían haber sentado en el banquillo los miembros de la comisión ejecutiva, para los que la Justicia archivó la causa. Entre ellos, se encontraban el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los entonces ediles Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant, quienes, según el fiscal, eran perfectos conocedores de lo que ocurría en la mercantil. Tras trece años de investigación, el caso quedó ayer visto para sentencia sobre las nueve de la noche de ayer pero sin dos de los acusados, que están en paradero desconocido. Una jornada maratoniana en la que el fiscal, las dos acusaciones y las siete defensas presentaron sus informes finales.
Sin Clavero en el banquillo, que está fugado de la Justicia, Anticorrupción sólo mantuvo la acusación contra uno de los siete procesados del caso, aunque él sólo acusaba a tres. El resto estaban en el banquillo a instancias del Ayuntamiento y Mercalicante, que les consideran colaboradores de Clavero en el saqueo de la empresa.
La acusación del fiscal se mantuvo contra el contable Miguel Ángel Ramo, a quien se pide un año de cárcel, al considerar que éste colaboró con Clavero a manipular la contabilidad al haber firmado un recibo del pago ficticio de 300.000 euros a la mercantil Tenos a sabiendas de que era falso y con el objetivo de burlar a la auditoría que iba a comenzar en dos días. En cambio, no vio delito en la actuación del informático que recogió el citado recibo porque éste ni era socio de Tenos, ni sabía cuál era la situación real de la factura, dijo. El fiscal y el Ayuntamiento retiraron la acusación a la ex mujer de Clavero, Cristina Soro, al no ver probado que ayudara a éste a alzar bienes, pero no a Mercalicante, que mantuvo los cargos.
El fiscal considera que Clavero contó con el respaldo de la comisión ejecutiva en decisiones que provocaron buena parte de las pérdidas del agujero contable, como el fallido proyecto del mercado electrónico y los contratos de las naves frigoríficas, y recordó que la Audiencia había archivado la causa para ellos. Briones incidió en que durante los años del agujero contable Mercalicante se lanzó a un plan de expansión en la que los proyectos iniciados tuvieron un sobrecoste superior a los cinco millones. «Es imposible que la comisión ejecutiva no estuviera al tanto de estos desmanes y al final el recurso ha sido el de echarle la culpa de todo a Clavero», dijo. En el hipotético caso de que el exgerente fuera detenido y llevado a juicio, el fiscal sólo le acusaría de los supuestos en que éste hubiera usado el dinero de la empresa para fines particulares, cantidad que cifra en 300.000 euros y muy lejana a los casi seis millones del agujero.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento reprochó al fiscal que se hubiera centrado en cosas ya «zanjadas» por la Justicia, como es la implicación de la comisión ejecutiva en los hechos, y señaló que tanto el proyecto del mercado electrónico como los alquileres fueron una simulación por las que Mercalicante tuvo pérdidas millonarias. El abogado del Ayuntamiento, Antonio Poveda, sostuvo que todo el proyecto del mercado electrónico fue una simulación y que pese a todo el dinero pagado nunca hubo nada. Otro tanto ocurría con los alquileres de las naves en los que tres empresas se crearon expresamente para hacerse con los arrendamientos y luego subarrendarlas por el triple de lo que pagaban y todo ello «sin asumir nada, ni la reparación de los desperfectos denunciados en las naves. Lo único que hacían era pagar el alquiler», dijo. En esta línea, reiteró que la comisión ejecutiva difícilmente pudo conocer la realidad de lo que pasaba porque Clavero les facilitaba documentación falsificada.
En esta misma línea, el abogado de Mercalicante incidió en que los informes de la Policía reflejaban que Tenos no había destinado el dinero que le entregó Mercalicante a la adquisición del equipo por el que se debería haber construido el mercado electrónicos. «Hay hasta 250.000 euros que se emplean en la compra de un cargamento de gamba iraní y que se almacena en las naves frigoríficas de LAF», ironizó el letrado. Los responsables del mercado electrónico dicen que hicieron el proyecto y que no se ejecutó por cancelar Mercasa el proyecto.
