El primer veredicto del primer veredicto caso Sala y sin que ninguna de las partes pidiera que se uniera a las actuaciones. Ésta es la explicación que ayer dio el letrado de la Administración de Justicia Manuel Cerdán a la Fiscalía sobre el dictamen desaparecido. En la contestación no se aclara si el primer acuerdo fue condenatorio, ni se certifica el resultado de esa votación como pedía el fiscal, ya que «se refiere a algo que no figura en las actuaciones», ni «existe resolución emitida por la autoridad competente que lo ordene», precisa Cerdán en un escrito notificado ayer en respuesta a la petición de aclaraciones realizada el viernes por la Fiscalía. El requerimiento del Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido con el acta ha provocado la movilización de los letrados de la Administración de Justicia, mientras que la magistrada que presidió el jurado, Francisca Bru, ha recabado el apoyo de sus compañeros para pedir otra junta en la que informar de lo sucedido en el juicio.
Según pudo confirmar este diario, el jurado declaró en un primer momento culpable por siete votos a dos a Miguel López por la muerte de su suegra, veredicto que fue devuelto por la magistrada al entender que no estaba motivado. Treinta horas después, el tribunal popular emitió otro dictamen absolutorio por seis votos a tres y que determinó la absolución de López del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Antes de que se dictara sentencia, la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo mayor de la fallecida reclamaron el acta del primer veredicto para valorar si la motivación era o no suficiente. La única respuesta del secretario fue que el dictamen no constaba unido a las actuaciones. Por este motivo, la junta de coordinación de fiscales acordó pedir más explicaciones. En función de la respuestas, no se descartaban otras medidas como la apertura de diligencias de investigación, posibilidad que se estudiará ahora.
En su respuesta de ayer, Cerdán recalca que las partes no recurrieron su anterior contestación y que, a través de esa vía, le podían haber reclamado la información ahora solicitada. El letrado asegura que la petición de explicaciones del Ministerio Público le ha causado «sorpresa por la forma, cuanto menos, atípica» en que se solicita. Aunque entiende que aquella resolución ya es firme y que judicialmente está zanjada, precisa que responde «en aras a la lealtad institucional».
El secretario señala que el acta devuelta no fue unida a las actuaciones porque ni así lo determina la Ley del Jurado, «ni hay resolución judicial que lo ordene» y «tampoco fue solicitado por las partes». Según subraya, podían haberlo planteado a la magistrada en el momento en que se hizo la devolución. «Si entendían que la no unión o la no lectura les causaba indefensión podían haber presentado la oportuna protesta», recalca, lo que no se hizo.
«Es un borrador»
El secretario explica que «es uso habitual» por parte del personal de la oficina judicial que, una vez disuelto el jurado, se recojan todos los papeles manuscritos que quedan en la sala para su eliminación. «Máxime en este caso en que hubo de celebrarse en dependencias judiciales distintas a las habituales, coincidiendo también con jornada de elecciones y con apremio de la Junta Electoral a dejar limpia las dependencias», ya que iban a ser usadas por ella. «Al día siguiente, ya en la oficina de jurado se procedió conforme al protocolo habitual» a la destrucción de esos documentos, entre los que se encontraba el acta devuelta al jurado, explica. El secretario cita al corredactor de la Ley del Jurado Vicente Gimeno Sendra al considerar que ese acta «es un simple borrador que debe ser destruido», subrayando que se hizo «en salvaguarda del carácter secreto de las deliberaciones». Cerdán asegura que dar publicidad al acta devuelta podría «vulnerar el derecho del acusado a un juicio justo con todas las garantías», así como «generar una responsabilidad penal» por un delito de revelación de secretos, volviendo a citar a Gimeno Sendra.
Las juntas de jueces y secretarios, la próxima semana
Las reuniones de los dos colectivos podrían convocarse una vez que se presenten los recursos a la sentencia
La junta de jueces instada por la magistrada Francisca Bru para dar explicaciones a sus compañeros por el caso Sala se convocará la próxima semana, al igual que la reunión promovida por los letrados de la Administración de Justicia en respuesta a la Fiscalía por las explicaciones pedidas por la desaparición del primer veredicto condenatorio, según pudo confirmar ayer este diario.
Aunque ella misma podría haber instado la convocatoria de la reunión, Bru recogió firmas entre una gran parte de los 17 compañeros que integran las secciones penales de la Audiencia para solicitarla con carácter de urgencia. Fuentes judiciales señalaron que la junta se convocaría a lo largo de la próxima semana, en la que la magistrada quiere dar cuenta de las incidencias surgidas en el proceso.
Del mismo modo, los letrados de la Administración de Justicia terminaron ayer de recoger firmas para instar a la secretaria coordinadora de Benalúa y máxima responsable del colectivo, María Dolores Millán, a que convocara otra junta extraordinaria. Según indicaron, habían logrado ya recoger más de medio centenar de adhesiones entre los compañeros y tan sólo han faltado los de algunos por no encontrarse en Alicante.
Los letrados de la Administración de Justicia de Benalúa han mostrado su indignación por lo que ellos consideran «una amenaza» y «un ataque institucional a un compañero» ante la solicitud del Ministerio Público de pedir más explicaciones por el veredicto perdido del caso Sala. Asimismo, piden la redacción de un protocolo que aclare hasta dónde llega su responsabilidad en la custodia de los documentos judiciales.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que previsiblemente también esta junta se convocará a lo largo de la próxima semana.
Esto implica que ambas reuniones tendrían lugar una vez que se hayan presentado los recursos por parte de la Fiscalía y la acusación particular para pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que anule el juicio. El plazo para presentarlos finaliza la semana que viene.
Desde la Fiscalía no se quiso valorar ayer la respuesta del letrado de la Administración de Justicia Manuel Cerdán por la desaparición del veredicto, a la espera de estudiar la diligencia dictada. Para hoy está convocada una junta ordinaria de fiscales en la que está previsto abordar tanto el recurso, como la contestación de ayer.
