Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante han intervenido 330 kilogramos de pescado procedentes de pesca ilegal en los puertos de Altea y La Vila Joiosa. Los acusados se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de septiembre, cuando, en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), los agentes incautaron 180 kilogramos de pescadilla inmadura en Altea cuando unas personas ya se disponían a venderlos, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.
Se trataba de ejemplares especialmente pequeños, lo que supone un peligro «muy significativo» para la especie, destaca la Guardia Civil. Además, las partidas intervenidas carecían de trazabilidad al no haber sido comercializados a través de la lonja, lo que implica que no habían pasado los correspondientes controles sanitarios.
Tanto la captura como la comercialización de ejemplares inmaduros está prohibida. La pesca ilegal de este espécimen, según indica el Instituto Armado, «responde a la alta demanda que existe entre los clientes del sector hostelero».
PESCA DE ATÚN ROJO
En segundo lugar, en La Vila Joiosa, fueron intervenidos tres atunes rojos que arrojaban un peso de 150 kilogramos. La mercancía fue localizada por los agentes en una actuación por la noche, en el interior de una embarcación, cuando los pescadores trataban de vendérselos a un comerciante mayorista.
La pesca del atún rojo, que es una especie protegida internacionalmente, requiere que la embarcación posea autorización a este efecto, recuerda la Guardia Civil. Además, en el caso de tener la pertinente autorización, debe disponer aún de cupo de atunes del total que se le haya permitido pescar ese año. La embarcación denunciada carecía de todo tipo de permiso para pescar atún.
Según la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, la captura sin autorización y sin cupo del atún rojo, así como la comercialización de pescado inmaduro, son infracciones graves, y están castigadas con sanciones pecuniarias de hasta 60.000 euros.
Los supuesto autores han sido denunciados ante la Delegación de Pesca Marítima de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. El pescado incautado ha sido entregado a centros benéficos para su consumo tras pasar los controles sanitarios pertinentes.
