En el primer juicio, un empresario ruso con negocios inmobiliarios en la provincia de Alicante salió absuelto de un fraude a la Hacienda Pública cercano al millón de euros. Tras anularse el proceso y celebrarse una nueva vista con otra juez, ha sido condenado a un año y medio de cárcel por tres delitos fiscales. La nueva sentencia condenatoria ya ha sido recurrida por la defensa ante la Audiencia Provincial.

La causa por hechos que se remontaban al año 2006 pasó por numerosos numerosos avatares desde que se dictó la primera sentencia absolutoria, se anuló el juicio y se repitió un nuevo juicio que desde 2016 se ha suspendido varias veces. En febrero se consiguió señalar la vista, pero no se pudo acabar en el mismo día y le sorprendió el confinamiento. Hasta la llegada de lo que se llamó la «nueva normalidad» no pudo quedar visto para sentencia.

Oleg T. es un inversor ruso, administrador de varias sociedades dedicadas al sector inmobiliario, y al que se le acusa de tres delitos fiscales por no declarar beneficios procedentes de la venta de varias parcelas en Carcaixent y en Elche. La Agencia Tributaria consideraba que por la venta del suelo de Carcaixent el acusado no abonó 200.000 euros en concepto del impuesto de sociedades correspondiente al año 2006; mientras que en el caso de Elche, no se abonó el IVA de cobros de la Agrupación de Interés Urbanístico del sector E-5 de esta localidad, y que ascenderían a 412.596 y 149.408 euros en los ejercicios de 2006 y 2007.

El acusado ha venido aduciendo durante todo el proceso que el dinero recibido no fue un beneficio bruto, sino que a este dinero había que descontar la inversión realizada por gastos de urbanización y que parte de ese suelo, ya venía con alguna carga que él mismo tuvo que asumir. Un extremo que la magistrada no ha considerado probado, según razona en la sentencia. Ni que tuviera que pagar las cargas, ni que fuera quien las abonó, según el fallo al que ha tenido acceso este diario.

El procesado adujo en el juicio que él se dedicaba a sus negocios y que de toda la parte de impuestos se encargaban sus asesores fiscales y sus representantes legales y que nunca ocultó ninguna información a la Agencia Tributaria. El acusado adujo también que, al ser responsable de varias sociedades, hacía transferencias de capital de una a otra en función de las necesidades de liquidez y que éstas no tuvieran un reflejo contable fiel en las cuentas. «La contabilidad era un desastre», admitió.

La magistrada sí ha visto probado que el acusado obtuvo con la operación inmobiliaria el beneficio que adujo la Agencia Tributaria y que este dinero no se declaró, a pesar de que ésta aparecía en la contabilidad. «No se trata de un mero olvido, sino que el acusado era consciente de su deber y, a pesar de ello, no pagó nada».

En el juicio anulado, la magistrada anterior cuestionaba los criterios de la Agencia Tributaria para calcular el beneficio de la operación y redujo el valor de la cuota defraudada, dejando los hechos como una infracción administrativa. En la nueva sentencia, la juez valida los informes periciales de los funcionarios.