Nuevo asalto en el proceso judicial a la «viuda negra» de Alicante y a su cuidador. Cuatro meses después de que la Audiencia de Alicante condenara a Conchi a 22 años de cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) acogió ayer la vista para la apelación de esta sentencia. Tanto la acusación particular que ejerce el hijo del fallecido, como las defensas de los dos acusados han recurrido el fallo. La acusación quiere que se les apliquen dos agravantes que elevarían la condena de prisión; mientras que las defensas reclaman la nulidad del juicio y su repetición con un nuevo jurado. La Fiscalía ha pedido la desestimación de los dos recursos y que se mantenga la sentencia como está.

La vista se celebró ayer en la Sala de lo Civil y lo Penal. Un tribunal formado por Pilar de la Oliva, Pía Calderón y José Francisco Ceres tendrán que decidir si mantienen la sentencia dictada por la Audiencia alicantina o si la revocan. El crimen se cometió la noche del 20 de agosto de 2018 en un aparcamiento al aire libre junto a la Albufereta de Alicante. Concepción Martín y su cuidador Francisco Pérez fueron sorprendidos in fraganti por una policía fuera de servicio mientras apuñalaban a la víctima, José Luis S. G., con quien la primera había contraído matrimonio dos semanas antes. José Luis acudía a una cena romántica con su nueva esposa y encontró la muerte tras recibir un total de 19 puñaladas. La acusada recibió el apodo de la viuda negra, porque éste era su cuarto matrimonio.

Tras ser declarados culpables por un jurado popular, la Audiencia impuso una pena de 22 años de prisión a Conchi y otros 20 años a Francisco por asesinato. La acusación particular, que ejerce el letrado Aitor Prieto en nombre de uno de los hijos del fallecido, considera que hay agravantes que el magistrado no aplicó en la sentencia, a pesar de tratarse de hechos que quedaron probados durante el juicio. A juicio de este letrado, la aplicación de estos agravantes podrían elevar a entre 25 y 32 años de cárcel la condena para Conchi y a 25 la de Francisco.

Para la acusación particular, estas agravantes serían la de disfraz y la de haberse aprovechado de citar a la víctima en un lugar apartado. Para el fiscal, estas dos circunstancias no son aplicables para este caso porque quedarían absorbidas por otra agravante que sí se aplicó en la sentencia: la alevosía, es decir, los medios puestos por los acusados para evitar que la víctima pudiera protegerse. Para Prieto, en cambio, además del hecho de atacar por sorpresa a una persona que acudía a una cita con su nueva esposa, estas dos agravantes tienen entidad para ser valorados de manera separada, porque con ellos los acusados buscaban asegurarse la impunidad en el asesinato.

Para la acusación, Conchi y Francisco al haber organizado la cita en un lugar apartado y por el que apenas pasaba gente se estaban asegurando el que no pudieran ser sorprendidos. También se presentaron vestidos de oscuro y con pasamontañas para dificultar su identificación, según Prieto. Por estas dos circunstancias que quedaron probadas en la sentencia, la pena debería haber sido mayor y por ese motivo pidió al TSJ que revocara el fallo de la Audiencia para una imponer unas condenas más severas.

Por su parte, las defensas de Conchi y de Paco también pidieron la revocación de la sentencia, pero para anular el juicio y volver a celebrar otro con un nuevo jurado, otro magistrado y otro letrado de la Administración de Justicia.

Alegatos exculpatorios

El abogado de Conchi, José Soler, considera que el magistrado José María Merlos tenía que haber devuelto a l jurado el objeto del veredicto por falta de motivación. Para Soler, las respuestas que dio el tribunal popular eran contradictorias entre sí. El letrado incidió también en que en este caso ni siquiera se podían aplicar las agravantes de alevosía y ensañamiento, incidiendo en que en las instrucciones que el magistrado dio al jurado faltaron aclaraciones sobre los casos en los que no debía aplicarse.

La defensa de Paco, el letrado Francisco Sánchez-Camacho, reiteró que la Policía no agotó todas las vías de investigación. Los dos acusados sostienen que ellos trataban de ayudar a José Luis cuando fueron sorprendidos por la agentes de Policía y que había sido una tercera persona que huyó el autor de las puñaladas. Una línea que ni siquiera se siguió dando por hecho que ellos eran culpables, según su versión.

Los dos acusados han seguido la vista por vía telemática desde los respectivos centros penitenciarios donde están recluidos, todavía en situación de prisión preventiva porque no hay una sentencia firme. Ambos tenían derecho a un turno de última palabra al término de la sesión, pero ha habido un problema con las comunicaciones que impedía que se les pudiera escuchar. Por este motivo, la sala les ha pedido que les hagan llegar por escrito, vía carta o fax, esas palabras finales. En todo caso, lo que ahora decida el TSJ también será recurrible ante el Tribunal Supremo.