Un juzgado de lo Penal de Alicante sentó este lunes en el banquillo al empresario Francisco Artacho, a uno de los principales implicado en el caso Aguas de Calp acusado de alzamiento de bienes. Se le imputa el haber vendido bienes a su esposa para intentar evitar que el embargo del juzgado por una deuda que le reclamaba una comunidad de propietarios. La Fiscalía le reclama una pena de hasta dos años de cárcel, mientras que sus acreedores, que están personados como acusación particular, piden cuatros años.
Los hechos se remontan al año 2015, fecha en la que una sociedad de Artacho era propietaria de tres apartamentos y una plaza de garaje en un bloque de viviendas de Sierra Nevada (Granada), donde había generado una deuda de hasta 5.000 euros por los impagos de los gastos de la comunidad motivo por el que en julio de ese año le llevaron a juicio, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación. Cuatro meses después, Artacho, que era administrador único de la sociedad titular de estos inmuebles, vendió una plaza del aparcamiento a su mujer, también acusada, por 8.000 euros. Según el Ministerio Público, las maniobras de los acusados impidieron a la comunidad poder embargar estos bienes para cobrar la deuda.
Artacho ha negado los hechos durante el juicio celebrado este lunes en un juzgado de lo Penal de Alicante y ha asegurado que en aquella época tenía otras deudas pendientes y que el dinero se usó para pagarlas. El empresario, que está defendido por el abogado José Javier Sáez Zambrana, aduce que esto es un procedimiento meramente civil que nunca debería haber llegado a la vía penal.
El empresario está pendiente de ser enjuiciado por dos macrocausas en las que está también acusado su excuñado, el exedil de Calp y exdiputado provincial Juan Roselló. Una de ellas es una rama separada del caso Brugal, la de las basuras de Calp, en la que están acusados el exalcalde Javier Morató y el empresario de la Vega Baja, Ángel Fenoll. En esta causa se juzga una presunta trama de sobornos para beneficiar a Fenoll en la gestión del vertedero en la localidad. Este juicio está previsto para el mes de octubre y la Audiencia de Alicante ha tenido que coordinarse con la de Elche para evitar que se solape con otra rama de Brugal que se enjuicia en la sección ilicitana, la referida al Plan Zonal de la Vega Baja. Asimismo, Artacho y Roselló se enfrentan a la petición de hasta nueve años de cárcel para cada uno por el caso Aguas de Calp, una trama con siete procesados en el banquillo a quienes se acusa de haberse apropiado de hasta un millón de euros de las obras para renovar la red de aguas en la localidad. Este proceso está todavía en el juzgado de Dénia, pendiente de que las defensas presenten sus escritos de conclusiones y poder remitirlo a juicio.
