El Gobierno reinicia tras 20 días de parón las obras de la desalinizadora

E l Gobierno central hizo efectivo ayer por la tarde el reinicio, tras veinte días de paralización, de las obras de la desalinizadora de Torrevieja tras la admisión a trámite del conflicto de competencia interpuesto por el Ejecutivo central contra la medida de la Generalitat de bloquearlas.

La legislación da un plazo de cinco meses al alto tribunal para pronunciarse definitivamente, periodo durante el cual el origen del conflicto se «anula» y las obras pueden continuar de forma provisional.

En este sentido el secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, aseguró ayer que el Tribunal Constitucional, al decidir «dejar sin efecto» la paralización de las obras de la desaladora ordenada por la Generalitat, «ha desautorizado» al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Ayer sobre el terreno trabajaban varias unidades de maquinaria pesada de una empresa torrevejense, además de algunos operarios montando barracones. El ritmo de esta actuación, una de las desalinizadoras más grandes del mundo, presupuestada en 300 millones de euros adjudicada, entre otros, a Acciona, es mucho más reducido que cuando comenzaron los primeros trabajos a mediados de febrero o en el momento de la paralización el 29 de marzo.

Signes, sin citar la provisionalidad de la medida, afirmó que esta decisión «implica un rechazo implícito a los argumentos del Consell y una desautorización a Camps y al PP en sus ataques contra las desaladoras» y añadió que «las mentiras que está intentando vender el PP están siendo desmontadas por todas las instancias a las que acude». Signes, añadió que la decisión del Tribunal Constitucional «evidencia, además, que las desaladoras no son las centrales nucleares del mar, como afirmó González Pons, pero que, por el contrario, parece ser que el PP valenciano sí se ha convertido en una bomba de relojería para la Comunitat».

Argumentos La Conselleria de Territorio, departamento del Consell que expedientó la obra de la desalinizadora, y amenazó con llevarla al juzgado y ante la Unión Europea por incumplir la norma ambiental, guardaba ayer silencio. El titular de Territorio, Esteban González, se atribuyó la paralización asegurando que el bloqueo tenía «carácter indefinido», a pesar de que el Gobierno central la anunció como una medida propia hasta que se admitiera el conflicto de competencia, El conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, aseguró por su parte que la desaladora de Torrevieja «no cumple la normativa europea» y lamentó la «precipitación» del Gobierno central por querer acometer las obras de esta instalación. El Consell anunció en febrero una denuncia sobre esta cuestión ante la UE que no ha sustanciado. Antón, cuya Conselleria ordenó el día después de la colocación de la primera piedra el cierre con quitamiedos del acceso a las obras por una carretera autonómica, dijo además que el Consell mantendrá sus «argumentos» para que no se lleve a cabo la planta. El responsable autonómico recordó que ésta es «una decisión provisional», al tiempo que sostuvo que entiende que esa instalación «no cumple la normativa europea».

Manifestó que por ello, desde el Consell se va a «continuar con todos los argumentos que tenemos para que no se haga en esas condiciones». Señaló asimismo que «por lo menos, el Gobierno tiene que no ser prepotente y tener las autorizaciones», además de considerar que «debería de tener usuarios y una fórmula clara de financiación que no tiene», dijo. Antón lamentó por último que la Administración central actúe «con esta precipitación».