El Ayuntamiento de Orihuela ha rechazado las alegaciones presentadas por los vecinos de Montepinar al Proyecto de Reforma Interior (PRI) de este núcleo. Este plan contempla la reurbanización de este sector que se construyó hace casi 40 años. Durante todo este tiempo los servicios que se han implantado en Montepinar han corrido a cargo de los vecinos, de manera que una de sus principales reivindicaciones era que se restasen esas inversiones del coste total del PRI, que asciende a casi once millones de euros y que fuera sufragado por los propietarios de las viviendas y las parcelas.
Según el anuncio publicado por el Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los vecinos deberán pagar una nueva red de distribución de agua potable (527.000 euros), las instalación de transformadores de energía eléctrica y redes de media (272.000 euros) y baja tensión (578.000 euros). De este modo, las alegaciones presentadas por los residentes en este sentido quedaron invalidadas.
En una carta enviada por la asociación de afectados por el PRI de Montepinar a la alcaldesa Mónica Lorente, estos mostraron su oposición a hacerse cargo del total de estos costes, ya que las instalaciones serán compartidas con las viviendas que se construyan en la segunda fase de la urbanización. La empresa San Antonio planeó levantar 500 viviendas en este sector, si bien el proyecto está paralizado.
Infraestructuras
La resolución publicada en el BOP señala que las infraestructuras que no sean de primera implantación se descontarán del presupuesto de las obras, si bien no se tendrán en cuenta las redes de distribución de electricidad y de agua potable. Se da la circunstancia de que las conducciones de agua se renovaron tras las riadas de 1987.
Asimismo, los propietarios de casas y terrenos en Montepinar podrán diferir el pago del coste de la reurbanización hasta dentro de tres años. Este retraso se tramitará automáticamente por la administración local en los casos que cumplan con los requisitos. Para no acogerse a esta medida, los afectados deberán comunicarlo al Ayuntamiento durante el periodo de exposición pública del proyecto de reparcelación y abonar el canon.
Según la carta remitida a Lorente, los vecinos disponen de estudios que cifran el coste del proyecto en cuatro millones de euros y no en los casi 11 que presupuestó EHISA, la empresa adjudicataria de las obras. Asimismo, los afectados interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el proyecto de urbanización en mayo de 2010 con el fin de paralizar los planes del Ayuntamiento, ya que, a su juicio, se ejecutarán por un precio desmesurado que muchos vecinos no podrán asumir.
