El fiscal cree que el exalcalde de Orihuela José Manuel Medina (PP) ha cometido un delito de prevaricación por omisión por su "pasividad" a la hora de ejecutar un decreto para que una empresa pagara una indemnización de 2.105.006,5 euros al ayuntamiento.

Según la calificación dirigida por el fiscal al juzgado de instancia número 2 de Orihuela, "pese a estar obligado legalmente" a reclamar el dinero en su condición de alcalde, Medina "no sólo no acordó la ejecución de las acciones pertinentes ante los tribunales de Justicia sino que además no realizó actividad alguna tendente a restaurar el equilibrio patrimonial del consistorio".

Para el fiscal, Medina actuó así "siendo plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad" ya que incumplía un decreto del 6 de julio de 2004 firmado por él mismo, en el que exigía al urbanizador del Sector J-1 Las Piscinas a que en 15 días diera al ayuntamiento 4.220,5 metros cuadrados de suelo o su valor, los citados 2.105.006,5 euros.

Todo se inició a partir de que el 31 de diciembre de 2003 el ayuntamiento adjudicara una licitación para la venta de fincas municipales a favor de la empresa Residencia Vistalegre SA, entre ellas la parcela EH-5.3 Sector J-1 Las Piscinas (teóricamente de 27.270 metros cuadrados), por un precio de 13.601.194 euros.

Un mes después, el 28 de enero de 2004, la empresa informó al alcalde de que, una vez realizada la adjudicación, habían medido el terreno de esa finca y que tenía una superficie real de 23.310 metros cuadrados, es decir, unos 4.000 menos de lo estipulado en la licitación.

El 28 de abril de ese año, el arquitecto municipal hizo constar de que, efectivamente, la parcela era menor a lo inicialmente contemplado y que, a 498,75 euros el metro cuadrado, el precio de pago correcto de Residencia Vistalegre SA debía ser de 11.496.187,5 euros.

Entonces, el ayuntamiento se dirigió en varias ocasiones al urbanizador que, en 1995, había cedido al ayuntamiento la parcela como cesión obligatoria de aprovechamiento para trasladarle la situación y la necesidad de que restituyera los 4.220,5 metros cuadrados que no había entregado al municipio.

Para ello, el propio Medina emitió un decreto el 6 de julio de 2004 en el que se daba al urbanizador un plazo no superior a 15 días para compensar al ayuntamiento, y en caso contrario le advertía de que ejecutaría las acciones judiciales oportunas.

Sin embargo, el fiscal refleja que ni el urbanizador del Sector J-1 Las Piscinas satisfizo el decreto en el plazo dado ni tampoco después, ni el alcalde acordó la ejecución de las acciones pertinentes en defensa del patrimonio municipal.

El ministerio público pide que sus calificaciones sean remitidas al ayuntamiento para que, en su caso, éste promueva las actuaciones que conduzcan a la restauración de su equilibrio patrimonial, "que resultó mermado".