La planta baja de la casa de José Luis Pons y su pareja está cerrada a cal y canto. Han puesto rejas en las ventanas y las persianas permanecen bajadas durante todo el día. El motivo de las medidas de seguridad tomadas es la difícil convivencia con los "okupas" que hay instalados en su propia casa, con los que se ven obligados a vivir mientras un juez no ordene el desahucio.

La historia comenzó en septiembre de 2010, cuando la pareja formada por Pons y su marido adquirieron una casa en la calle Rodeo de Rojales a una entidad financiera que la había embargado previamente a su anterior propietaria. Ambos llegaron desde Alicante con la idea de establecer su residencia en este municipio de la Vega Baja, aunque no contaron con una serie de imprevistos.

El primero fue que la hija de la dueña anterior se había atrincherado en la parte trasera de la vivienda. La mujer levantó una tapia en el patio interior de la casa y abrió una puerta en la fachada trasera. El dueño de la vivienda asegura que el primer contacto con la "inquilina" tuvo lugar cuando el primero fue a ofrecerle a la segunda que se quedase una temporada en la casa hasta que encontrase otro sitio sin pagar nada. "Me dijo que me iba a quemar la casa", recordó. Pons, que nunca ha visitado la parte de la vivienda ocupada por la "okupa", aseguró que esa zona dispone de una cocina, de un aseo y de una habitación. Una vecina ha cedido una habitación a la mujer y otros han dejado que la mujer obtenga suministro eléctrico a través de un cable lanzado de una casa a otra. Según relata el afectado, el Ayuntamiento instaló una acometida de agua en la parte trasera de la vivienda para darle suministro a la "inquilina", pero al solicitar otra el propietario legítimo la quitó, puesto que la vivienda "no se puede segregar".

Desde entonces hasta ahora, las amenazas y los insultos obligan al matrimonio a vivir en la planta superior, desde donde no pueden ser vistos por la "okupa". Pons ha puesto varias denuncias, de las cuales unas se han resuelto y otras están pendientes de hacerlo. El afectado obtuvo una sentencia favorable a él por un delito de injurias, ya que la juez dio por probado que la anterior propietaria de la casa insultó y amenazó con destrozar la casa a Pons y su marido.

Ahora, la pareja tiene pendientes otros dos procesos judiciales: el de desahucio y otro por amenazas. Pons ha optado por grabar todas los improperios que su "inquilina" le dedica para poder denunciarla. Pons, de 62 años, dice tener "los nervios deshechos" por la situación que vive en su propia casa. La desesperación le ha empujado a hacer público su caso, puesto que así se lo han llegado a recomendar desde los juzgados. Y es que parece que la solución aún tardará un poco en llegar por la vía legal. Mientras tanto, las rejas y las persianas de la planta baja de su casa permanecerán bajadas, no vaya a ser que las amenazas se acaben cumpliendo.