El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la empresa Urbaser al reconocerle el derecho a ser la adjudicataria del contrato de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos y limpieza viaria en Orihuela.
En rueda de prensa, el nuevo alcalde de la ciudad, Monserrate Guillén (Els Verds), la socialista Antonia Moreno y el presidente de Centro Liberal Renovador (CLR), Juan Ignacio López Bas, han anunciado que la justicia ha fallado a favor de esa mercantil, que ahora "podrá reclamar al ayuntamiento una indemnización de hasta nueve millones de euros", según el regidor.
El proceso de adjudicación de ese contrato fue paralizado en 2006, después de que el empresario Ángel Fenoll, uno de los principales imputados en el 'caso Brugal' y que optaba al concurso, difundiera el contenido de una grabación en la que el entonces concejal de Centro Liberal Jesús Ferrández decía que la mercantil Urbaser habría ofrecido comisiones a cambio de ganar el concurso.
Esas grabaciones fueron sacadas a la luz pública después de que se conociera que Urbaser era la que había obtenido mayor puntuación por parte de los técnicos.
En noviembre de 2007, el pleno del ayuntamiento declaró desierto el concurso, al aprobar el entonces gobierno del PP, dirigido por Mónica Lorente, una enmienda a la totalidad porque, según alegó, ninguna de las cinco ofertas que concursaban se ajustaba "al pliego de condiciones", pese a que la oposición demandó la celebración de esa sesión plenaria para adjudicar el contrato a Urbaser.
Casi un año después, el 30 de septiembre de 2008, el consistorio aprobó en un pleno, con los votos a favor del gobierno popular y en contra de la oposición, la adjudicación del servicio de limpieza viaria y de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos a la mercantil Sufi.
La de Sufi, que se presentó bajo una unión temporal de empresas (UTE) con Liasur y Gobancast, fue la mejor de las siete ofertas presentadas para la adjudicación del contrato, según el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que hizo público el gobierno popular.
La adjudicación del servicio ascendía a 9,5 millones de euros anuales durante diez años, prorrogables durante dos periodos de cinco años cada uno.
A este respecto, el nuevo alcalde de Orihuela ha anunciado que, en caso de que Urbaser reclame al consistorio, la suma de dinero que pida se repercutirá a los concejales que votaron a favor de que no se adjudicara la contrata de basuras a la mercantil.
"Se reclamará a quienes su día adjudicaron un contrato que era ilegal", según Guillén, quien ha asegurado que, pese a que la sentencia fue notificada el pasado día 10 al ayuntamiento, no ha tenido constancia de ella hasta hoy.
Por su parte, la socialista Antonia Moreno ha afirmado que, según la resolución dictada por el TSJCV, la corporación municipal deberá pagar 120.000 euros en concepto de costas por el procedimiento judicial.
