El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) notificó ayer la devolución al Juzgado de Instrucción 5 de Torrevieja del procedimiento abierto contra el diputado autonómico Pedro Ángel Hernández Mateo (PP) por un delito electoral supuestamente cometido en mayo. El juzgado abrió diligencias contra el que fuera regidor tras una denuncia del PSOE después de celebrarse un mitin en el Teatro Municipal -con los entonces candidato a la Alcaldía, Eduardo Dolón, y a la Generalitat, Francisco Camps, y con presencia del diputado Federico Trillo- a pesar de la prohibición expresa de la junta electoral para usar dicha instalación municipal con ese fin porque no se había ofertado por el Ayuntamiento al resto de partidos políticos como escenario para sus actos. La junta electoral imputó a Hernández Mateo por ser el responsable del PP ante este órgano y la persona a la cual se notificó dicha prohibición horas antes del inicio.

El auto obliga al juzgado a realizar nuevas diligencias antes de volver a remitirlo a Valencia donde, en cualquier caso, se tomará una decisión final sobre la imputación de Hernández Mateo al tratarse de un aforado, condición que le viene por su elección como diputado. Entre las cuestiones que tiene que resolver el juzgado, a juicio del TSJ, está qué partes tienen que estar personadas en el procedimiento, habida cuenta que el magistrado denegó a PSOE y Los Verdes el acceso a las diligencias al considerar que la defensa del bien público que se perseguía estaba suficientemente protegida por la presencia ya en las actuaciones del Ministerio Fiscal.

Otra de las cosas que el TSJ solicita al juez es incluir en el sumario las pruebas solicitadas por los socialistas, entre ellas un video, colgado en "Youtube", donde se observa buena parte del mitin del PP y la participación del que entonces era candidato a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps. Los socialistas en este asunto no sólo quieren "cazar" penalmente a Hernández Mateo, sino al ahora denostado expresidente. De hecho, un auto anterior de la sala dejaba abierta la puerta a ampliar las diligencias a más altos cargos políticos del Partido Popular.

La sala que ha resuelto en Valencia está formada por la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva; y por los magistrado Flors -quien fuera instructor del llamado "caso de los trajes" contra camps-, Climent, Ceres y Calderón.