Una veintena de personas se encerraron ayer en la Biblioteca Fernando de Loaces de Orihuela, de titularidad estatal y gestionada por la Generalitat, para protestar por el recorte de jornada laboral de los interinos que ha conllevado que el edificio esté cerrado todas las tardes desde el 5 de marzo. Las otras tres bibliotecas similares de la Comunidad no se encuentran en esta situación porque en ellas trabajan más de treinta personas, mientras que en Orihuela la plantilla es solo de siete empleados, tres interinos.
Los manifestantes entraron en la Biblioteca sobre las 13.30 horas, media hora antes de cerrar, y se negaron a marcharse hasta que les convenció la Policía Nacional a las 16.30 horas (tuvo que acudir también la Policía Autonómica). Un agente les informó de que estaban cometiendo un ilícito penal por allanamiento de morada y que si se resistían a marcharse también se les podría detener por desobediencia a la autoridad. El director de la Biblioteca y el personal no quisieron ayer denunciar los hechos y los manifestantes, tras celebrar una asamblea para tomar una decisión, se marcharon voluntariamente. Al abandonar el encierro dijeron que "hemos salido por la presión policial, porque nos han amenazado con abrir diligencias penales" y que "seguirán los encierros, creemos que estas manifestaciones (reuniones pacíficas en las que recitan y leen) son el camino para que nos hagan caso".
Excepción
La Conselleria de Cultura anunció ayer tras el encierro que desde el primer día trabaja por solucionar el cierre de la Biblioteca Fernando de Loaces por las tardes y que ha pedido al Consell, en concreto a la Conselleria de Hacienda, que autorice una excepción en el caso de Orihuela. Asimismo, recordóque la Generalitat viene haciendo un esfuerzo desde 1985 por mantener la única biblioteca de Orihuela y que el Ayuntamiento incumple la ley al no tener ninguna municipal.
