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El oficial de Gestión de la Policía, imputado en el marco la investigación sobre supuestas irregularidades en la concesión de cortes de calle a un concejal del Partido Popular (PP) y a familiares del director general de la Policía Local, ha solicitado que se abra expediente disciplinario a los dos agentes que denunciaron el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción, en abril de 2011. La petición se realizó con posterioridad a su comparecencia en el juzgado y, de momento, no ha sido atendida por sus superiores.

Como avanzó esta edición el 10 de mayo de 2011, los dos agentes denunciaron ante el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, distintos cortes de calle supuestamente sin permiso previo, con peticiones "simuladas" y sin que se abonaran las tasas fijadas en la ordenanza. En un caso, en el mes de febrero de 2011, se detectó la ocupación de vía pública para la realización de unas obras por parte del edil de Infraestructuras, Javier Montoro. La denuncia relata la misma infracción en el caso de las obras del edificio que se construye en la esquina de la calle Patricio Pérez con la plaza de Miguel Hernández. En este corte, además, se impedía el paso al aparcamiento público subterráneo de la plaza. Los agentes hacían constar en la denuncia que el edificio estaba promovido por personas vinculadas familiarmente con el director general de la Policía Local.

Obtención de documentos

El mando, que pide ahora que se abra expediente a los denunciantes y que acudió a declarar el 10 de abril concreta en su escrito que la denuncia de los agentes "está basada en una serie de documentos que han sido obtenidos de forma irregular cuando no ilegal, de los archivos de la Policía Local". Añade que esos escritos "son solamente parte de unos expedientes que no se han mostrado en su totalidad (en la denuncia) con el único fin de darles un sentido totalmente distinto y así poder desacreditar el trabajo de algunos funcionarios por corrupción o trato de favor".

El oficial mantiene que la denuncia no muestra los recibos de pago por las tasas efectuados por los ciudadanos "a los que se les trata de delincuentes por el mero hecho de ser familia de un funcionario o dedicarse a la política". El mando asegura que los hechos no fueron denunciados a los superiores "cometiendo una clara dejadez de funciones, nombrándose investigadores de ciertas actividades, comenzando una persecución que derivó en amenazas y coacciones, en claro abandono de servicio". Fuentes policiales matizaron este último extremo asegurando que el intendente jefe tuvo puntual conocimiento de lo sucedido.