La empresa que compró el antiguo cuartel de la Guardia Civil para realizar un bloque con 14 viviendas en pleno centro, junto al Paseo Vista Alegre, no podrá levantarlo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó un recurso en el que la mercantil Travensa solicitaba anular la protección patrimonial que el Ayuntamiento le dio al edificio con posterioridad a que fuera adquirido por casi dos millones de euros en el año 2000.

El Ayuntamiento estaba interesado en la adquisición del edificio al Interior por un precio simbólico pero a la subasta, sin atender las recomendaciones municipales, acudió la citada empresa que lo adquirió en agosto de 2000 -sin que estuviera protegido- por 1,9 millones de euros.

Inmediatamente después de comprarlo, como "injusta reacción", según el recurso desestimado de la empresa, el Ayuntamiento denegó las licencias de obras que solicitó la constructora e inició el procedimiento para protegerlo. Tenía desde el punto de vista patrimonial escasa relevancia arquitectónica, aunque sí tipológicamente, según los técnicos, por su relación con la historia local. La modificación del Plan General del 68, aprobada por la Generalitat y que fue la que catalogó el inmueble llegó en 2003, con lo que se le impidió a la sociedad que pudiera darle la edificabilidad a la parcela de la que disponen el resto de solares del entorno (siete y ocho alturas); es decir, pretendía construir 14 viviendas, local y 22 garajes. Con un perjuicio valorado en 2,2 millones de euros.

En estos momentos la única alternativa de la mercantil para sacar rentabilidad al edificio es vendérselo al propio Ayuntamiento, puesto que desde el punto de vista urbanístico sólo se le puede dar un aprovechamiento de una planta baja y altura. El antiguo cuartel está situado junto a la Sala municipal de Exposiciones Vista Alegre. El fallo no es nuevo pero es ahora cuando se ha dado a conocer a través de la Comisión de Urbanismo. Una sentencia anterior, de principios de 2008, sí reconoció a la empresa el derecho a ser indemnizada por la reducción del aprovechamiento de la parcela. Fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento sin éxito. La empresa reclamaba en ese procedimiento dos millones de euros.