Archivado. La juez del juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja, Iris Valero, ha sobreseído provisionalmente la querella presentada por los concejales Joaquín Albaladejo y Daniel Plaza (PP) contra el portavoz de Alternativa Popular (APTCe), Domingo Soler que denunció en rueda de prensa irregularidades en la gestión económica de la Escuela Municipal de Fútbol y aludió a que existía una caja B en ese área. Plaza y Albaladejo, que solicitaban 300.000 euros de indemnización cada uno y una condena por vulneración del derecho al honor, ha recurrido esta resolución.
La juez dice que "el derecho al honor se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información" cuando sus titulares son cargos públicos y están obligados "a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por información de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura (É) para no correr riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un estado democrático".
La magistrada añade que "no puede obviarse" que las manifestaciones relacionadas con la gestión de la Escuela Municipal de Fútbol son "crítica política a una actuación pública" ya que las cuotas de la escuela "no estaban domiciliadas, no coincidían con la cuota de 45 euros del resto de las escuelas municipales deportivas, habiéndose generado una cierta discusión pública al respecto, y en concreto a través de facebook (...)". Y resulta "significativo", añade, que el 19 de septiembre de 2011 y "con posterioridad a la rueda de prensa" se iniciase en el Ayuntamiento "un expediente encaminado a regular la prestación del servicio" de esa escuela municipal. Ese es uno de los principales razonamientos que sostienen el auto de Valero a la hora de dar carpetazo (provisional) al asunto.
Algo que el recurso presentado por los querellantes Albaladejo y Plaza intentan rebatir porque aseguran que se ese convenio se estaba tramitando antes de la celebración de la rueda de prensa.
La jueza enmarca las expresiones más duras de Soler, en las que señalaba incluso que los ediles deberían devolver 90.000 euros se refieren "tanto a hechos ya conocidos como a respuestas hipotéticas a preguntas hipotéticas" y no pueden considerarse ilícito penal.
El auto matiza que aunque resulta "deseable la corrección en la crítica política, evitando expresiones ofensivas, ello no implica que no deban verse atemperadas por el contexto en que se pronunciaron, ceñido a un conflicto público y político, en conexión con asuntos que no eran de interés particular sino de interés general.
El portavoz de APTCe vaticina denuncias contra el equipo de gobierno
Soler se mostró "muy satisfecho" y recordó que la "labor de la oposición es fiscalizar. Y con ello hacer que las cosas mejoren. Y eso se consiguió. Se regularizó y por fin se consiguió transparencia en la Escuela Municipal de Fútbol". Soler, pidió la dimisión de Daniel Plaza porque "no es una persona que dé ejemplo a la sociedad educativa y deportiva y de Joaquín Albaladejo porque su política se basa en la mentira" y lamentó que el "equipico" de gobierno del PP "sea incapaz de gestionar" y a modo de anticipo aseguró que "ahora van a tener que ver cómo la soberbia a veces es prevaricación y el amiguismo es tráfico de influencias. Esto sucede porque son unos lactantes políticos que además han aprendido que el miedo y la mordaza es el mejor arma". Soler ha pasado por los juzgados en tres ocasiones en un año para declarar por sus manifestaciones públicas por querellas interpuestas por ediles del PP. De hecho está imputado por un delito de calumnias en el que el fiscal le pide 20.000 euros por unas manifestaciones contra Albaladejo.
